Audiencia Nacional española no extraditará a venezolanos por «vulneración de derechos»
Venezuela ha reclamado a España la extradición de Claudia Patricia por presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito
La Audiencia Nacional de España anunció el 8 de febrero que fue rechazada, por mayoría, la extradición de la exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén; su esposo y exedecán de Chávez, Adrián Velásquez Figueroa y la de José Ramón Sánchez Rodríguez, al considerar que podrían ser vulnerados sus derechos fundamentales si son entregados a la justicia venezolana.
A pesar de dos salas aprobaron la extradición de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, vinculados con el bufete Mossack Fonseca -principal insumo de los Panamá Papers- las otras tres se pronunciaron de forma distinta, por lo que el viernes se reunieron para analizar esta postura. Una de ellas rechazó el envío el excontable de Pdvsa, Sánchez Rodríguez.
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Estas tres decisiones llegaron al ser recurridas. En el caso del matrimonio vinculado a Chávez, lo hicieron sus defensas y en el del excontable de Pdvsa por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en los tres casos mantuvo un criterio unánime a favor de las entregas, según refiere Radio Cope.
Venezuela ha reclamado a España la extradición de Claudia Patricia por presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. Esto es, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y blanqueo, respectivamente, según el Código Penal español.
En varias oportunidades, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa han dicho que sus fondos se obtuvieron de forma lícita y que si llegaran a ser extraditados a Venezuela, serían «rehenes políticos».
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«Si España llegara a acceder a nuestra extradición, seríamos unos rehenes políticos allí. Nos llevarían a las cárceles de ‘La Tumba’ . Pasaríamos a la historia como unas personas que fueron torturadas», según entrevista concedida al diario El Mundo en diciembre de 2018.
«Independientemente de los delitos que nos atribuyen, a las personas se les deben respetar los derechos humanos», denuncia, no sin advertir casos de ciudadanos venezolanos que «tras un año en prisión no han tenido acceso a la Justicia, ni mucho menos a una medicina, y mira cómo mueren».
