Así hicieron los nazis, por Teodoro Petkoff
Días antes del asalto “legal” al TSJ, había pasado por debajo de la mesa una peripecia judicial que, sin embargo, anunciaba a las claras lo que habría de ocurrir en la Asamblea Nacional, cuando el chavismo consumara el más clamoroso abuso de poder que haya conocido este país en el último medio siglo. Fue la destitución por dos meses del juez Jesús Ollarves Irazábal. Este es el presidente de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas y su suspensión fue ordenada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, que preside el doctor Elio Gómez Grillo. Se le suspendió para averiguar supuestas “irregularidades”, alegadas por la Fiscalía, y que se habrían producido en la sentencia recientemente dictada por esa Sala, que absolvió al general (GN) Carlos Alfonzo Martínez. ¿Coincidencia? Piensa mal y acertarás, reza el viejo adagio.
Se recordará que el Tribunal 28 absolvió al general de dos de los tres delitos de que se le acusaba (abandono del comando y excitación a la rebelión) y lo condenó por el tercero (violación del área de seguridad donde está situada la Plaza Madariaga). La Fiscalía apeló la absolución de los dos primeros delitos y la defensa lo hizo de la condena por el tercero. El expediente, por sorteo, cayó en la Sala 2 de la Corte de Apelaciones. Con base en ponencia presentada por el juez Ollarves, a la cual se adhirió la jueza Clotilde Condado, y con el voto salvado del juez Mario Póppoli, la Sala 2 ratificó la absolución por los dos primeros delitos y, además, revocó la condena por el tercero. Ocurrió, sin embargo, que El Nacional dio a conocer la decisión de la Sala 2 un día antes de que esta lo hiciera. Esto dio pie para que el Ministerio Público, por absurdo que parezca, recusara a los tres jueces “por haber emitido opinión previamente”. El juez Ollarves, con los antecedentes jurisprudenciales del caso, porque otros jueces —incluyendo a Iván Rincón— han rechazado recusaciones que los involucran, declaró “inadmisible” el recurso de la Fiscalía. Sin embargo, esta, además de apelar ante el TSJ la sentencia de absolución, que es lo único que le salía, si es que la consideraba inapropiada, pidió a la Comisión que preside Gómez Grillo sanciones para los jueces de la Sala 2, con un claro propósito intimidatorio hacia todos los jueces.
Pongamos esto en el contexto de la solicitud de revisión de la sentencia del TSJ sobre el 11A, de la aprobación de la reforma del Código Penal, del artículo 29 de la Ley Resorte y, ahora, del asalto al TSJ, y tendremos un cuadro ominoso. El mensaje que se envía con la solicitud de averiguación y la subsiguiente suspensión de Ollarves es contundente: juez que no se ajuste a lo que Chávez estima que son los intereses del régimen será destituido, que es probablemente el destino que espera al juez Ollarves… a menos que la Comisión Gómez Grillo decida la absoluta improcedencia de una decisión de esa naturaleza —con el riesgo de que el próximo destituido sea el propio Gómez Grillo, quien, por cierto, quedó fuera del TSJ porque sin duda no cuenta con la bendición del MVR. No les es de confianza. Aquí un juez sólo podrá sentirse seguro en su cargo si antes de decidir le hace caso a la seña del coach oficial. De lo contrario, le viene la destitución. Así fue como los nazis redujeron a escombros el Poder Judicial alemán.
