Arreaza «reconoce» que gira de Guaidó fue tan «fuerte» que afectó a Conviasa
El pasado 10 de febrero, el mandatario Nicolás Maduro anunció que su administración interpondrá ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Estados Unidos por las sanciones aplicadas contra Conviasa y otras empresas estatales
Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores afín a Nicolás Maduro, acudió este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) a introducir una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por los supuestos crímenes de lesa humanidad que la administración de Donald Trump ha cometido contra Venezuela por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.
En dos Audi negros, Arreaza y su comitiva -presidida por Larry Devoe- fue recibido por funcionarios de la CPI un día después de las agresiones que sufrieran trabajadores de la prensa durante la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 naciones como presidente encargado de Venezuela, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
El canciller Jorge Arreaza en nombre del pueblo y gobierno de Venezuela, denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de EEUU contra Venezuela, a causa de las ilegales medidas coercitivas.#JusticiaContraElBloqueo pic.twitter.com/0PYYm6Ler2
— Min. del P.P. para Relaciones Exteriores (@Cancilleria_ve) February 13, 2020
Tras entregar la denuncia ante la fiscal Fatou Bensouda, quien también lleva la causa de varios países contra el régimen de Nicolás Maduro por cometer crímenes de lesa humanidad durante su mandato, Arreaza ofreció un discurso para justificar la medida legal ante la CPI contra el gobierno de Estados Unidos.
Aseguró que las «medidas coercitivas unilaterales» están afectando a los venezolanos en su acceso y derecho a la salud, alimentación y educación, que elevaron a La Haya un «documento riguroso» con «hechos y datos estadísticos» que evidencian el daño que hacen las penalizaciones de Washington sobre nuestro país y por eso acuden a la jurisdicción de la CPI -a la que reconocen- para que investiguen, enjuicien y determinen responsabilidades por los perjuicios al pueblo.
Según la postura del régimen de Nicolás Maduro, existe la «convicción» de que estas sanciones constituyen «crímenes de lesa humanidad», evidenciados contra la población civil de Venezuela. Acusó además a EEUU de violar la Carta de la ONU, así como otras instancias como el Consejo de DDHH con unas 35 «medidas coercitivas» contra nuestra nación.
Manifestó que estas medidas ha impactado en varios rubros, siendo el más importante Pdvsa, ya que asegura que estas penalizaciones «solo son comparables con aquellas situaciones de guerra convencional» y acotó que si existen delitos que se registran en el territorio venezolano, «La CPI tiene competencia y jurisdicción» para llevar a cabo sus procesos.
Pidió a esta instancia judicial que traten el tema «con celeridad», ya que es un tema «que ocurre en el momento» y que se diferencia de procesos «post-facto, después de hechos, protestas, supuestas masacres, situaciones post electorales», haciendo referencia al expediente que tiene el régimen en esa instancia por la comisión de delitos de lesa humanidad.
«Esto tiene carácter de urgencia. No son como otros procesos que pueden durar entre 10 y 12 años. Lo hemos pedido de corazón, que este proceso tenga un tratamiento corto», dijo.
Hizo mención a las sanciones contra Conviasa, que se dieron luego de «un lobby muy fuerte que hizo la oposición en Miami» y señaló que la oposición celebra cuando desde Estados Unidos impone estas penalizaciones contra el régimen. Recordó que ocurrió de forma similar con el petro, «que en parte se activó para sortear el bloqueo», cuando apenas se anunció se emitieron sanciones.
El pasado 10 de febrero, el mandatario Nicolás Maduro anunció que su administración interpondrá ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Estados Unidos por las sanciones aplicadas contra Conviasa y otras empresas estatales.
«He pedido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al Procurador General Reinaldo Muñoz, y el canciller Jorge Arreaza que preparemos de inmediato una demanda internacional ante la Corte de Justicia contra Estados Unidos por el daño que se pretende hacer ante Conviasa y las empresas de Venezuela. Vamos a buscar justicia en los tribunales internacionales», enfatizó.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado 7 de febrero a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y bloqueó toda su flota como parte de las acciones de ese gobierno contra el régimen de Nicolás Maduro.
En una nota de prensa, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, señaló que «el régimen ilegítimo de Maduro depende de Conviasa para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos».
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó a principios de diciembre que incluyó en su examen preliminar sobre Venezuela las protestas que se registraron en el país a principios de 2019, donde habrían fallecido al menos 30 personas y un agente de policía.
Así lo indicó la oficina de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en su informe anual sobre los procedimientos preliminares que están abiertos en ocho países, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela, este último abierto en febrero de 2018.
