Arde Barinas, por Teodoro Petkoff
Cuatro reportajes habrán permitido a nuestros lectores hacerse una idea de los vientos tempestuosos que soplan por los llanos barineses. Es posible ir esbozando una conclusión, si se quiere provisional: existe un conflicto social que, sin embargo, está siendo manejado por el Gobierno al margen de lo que dispone la propia Ley de Tierras.
Difícil sería negar la supervivencia de problemas agrarios no resueltos por la ya casi olvidada Reforma Agraria de los años 60. Difícil sería también negar la existencia de una cierta presión campesina en algunas zonas del país, así como sería difícil obviar la circunstancia de que hay fincas y haciendas cuyos linderos no son actualmente los que están establecidos en los papeles de propiedad originales.
Del mismo modo, un examen escrupuloso de algunos títulos de propiedad revelaría vicios importantes en su confección.
Pero igualmente, también es cierto que algunas de las invasiones son efectuadas por invasores profesionales, de los que tienen años, así en la Quinta como en la Cuarta, dedicados a esos menesteres. Muchos de los invasores no son campesinos sino personas reclutadas en las barriadas humildes para entrar en fincas o hatos a la brava. Como lo revela la experiencia de años anteriores, estos campesinos chimbos terminan haciendo negocios con las parcelas que recibieron.
Dadas todas estas circunstancias, el único camino para enfrentar estos delicados asuntos sin permitir que se generen conflictos que podrían, incluso, producir hechos sangrientos, es el de aplicar las disposiciones de la ley.
En esta están expresamente prohibidas las invasiones, hasta el punto de que se excluye taxativamente de la adjudicación de tierras a quienes las hayan invadido. En la ley está expresamente pautado un procedimiento para verificar la legitimidad de los títulos de propiedad y está garantizado el debido proceso para solventar las dudas al respecto.
En la ley está claramente dispuesto que las cartas agrarias serán otorgadas sobre tierras de la nación y en ningún caso sobre tierras privadas… . hasta demostración en contrario. En la ley está claramente establecido el pago de bienhechurías a aquellos que habiéndolas construido no puedan, sin embargo, demostrar la propiedad de la tierra.
La investigación realizada por TalCual revela que las normas legales no están siendo observadas por el Instituto Nacional de Tierras.
Hay invasores a los cuales se les reconoce derechos que la ley les niega expresamente; hay hacendados a los cuales literalmente se les ha confiscado (no expropiado), sin proceso alguno, la tierra de la cual aducen ser propietarios; hay bienhechurías también confiscadas; hay cartas agrarias que han permitido la ocupación de fincas privadas… .hasta demostración en contrario.
Si se aplicara debidamente la ley, todos los casos podrían ser resueltos sin mayor conflicto y, sobre todo, sin violencia. Porque, en definitiva, de lo que se trata es de una reforma agraria moderna, que debe satisfacer los fueros de la justicia pero también los de la producción y la productividad agropecuaria.
Esta no es la hora de Zamora sino la de agrimensores, topógrafos agrónomos, veterinarios, jueces y abogados. Al menos, sí de lo que se trata es de hacer las cosas democrática y pacíficamente
