AN pide visita de fiscal de la CPI para constatar violación de DDHH en Venezuela
El Parlamento venezolano se compromete a seguir enviando evidencia de la violación de los DDHH sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, para que formen parte de la investigación al mandatario reelecto Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios
La Asamblea Nacional aprobó el martes 5 de junio la solicitud a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para que acuda al país y constante la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Tras la discusión del informe realizado por un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, y donde se establece que al menos desde 2014 se cometen crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, los diputados apoyaron esta nueva solicitud.
La visita de Bensouda, quien adelanta un examen preliminar por la violación de DDHH en el país durante las manifestaciones gubernamentales de abril de 2017 a solicitud de la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, se realizaría en base al artículo 54 del Estatuto de Roma para que realice una investigación in situ.
El acuerdo aprobado por los diputados también solicita a los Estados partes del Estatuto de Roma, que con base a pruebas recabadas en ese informe, refieran el caso de Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Además, el Parlamento venezolano se compromete a seguir enviando evidencia de la violación de los DDHH sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, para que formen parte de la investigación al mandatario reelecto Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios.
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Por otra parte, la AN designó una comisión especial, presidida por Tomás Guanipa, Edgar Zambrano, Alexis Paparoni, Mariela Magallanes, Gaby Arellano y Julio César Reyes para que las iniciativas que se suscribieron en el encuentro interparlamentario de Cúcuta se hagan efectivas en favor de los migrantes venezolanos y se asuman las sanciones y otras medidas contra los funcionarios que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro.
La “Declaración de los Presidentes de las Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América Latina y el Caribe”, suscrita en Cúcuta el 1 de junio, afirma que el “régimen político presidido por Nicolás Maduro ha anulado el principio de separación de poderes” y ha instalado represión y violencia sistemática de los derechos humanos.
Específicamente, los congresos de la región plantean desarrollar una política migratoria conjunta que incluya el otorgamiento de asilos de forma inmediata a dirigentes que así los soliciten, facilitar la permanencia y tránsito de los venezolanos con pasaportes y documentos vencidos, flexibilización de los requisitos de permanencia y residencia así como la acreditación de títulos.
En cuanto a la “corrupción del régimen de Nicolás Maduro”, los parlamentarios latinoamericanos también se comprometieron requerir a sus Gobiernos la activación de los organismos de inteligencia y adopción de legislación para incautar bienes, congelar cuentas y otros patrimonios que sean propiedad de funcionarios venezolanos.
