Comisión Especial de la AN crea instancia para evaluar amnistías en el sector laboral
“La amnistía no es impunidad, es una herramienta para la paz necesaria en este nuevo ciclo», dijo el diputado Jorge Arreaza este 24 de febrero. Indicó que 179 ciudadanos que permanecían detenidos obtuvieron su libertad plena
El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó este martes 24 de febrero la creación de tres subcomisiones para atender casos puntuales, entre ellos, los referidos al sector laboral.
Durante una rueda de prensa, explicó que una de esas instancias es de monitoreo general de la aplicación de la ley; otra se centrará en casos de trabajadores que, aunque no estén estrictamente vinculados con los supuestos de la norma, serán atendidos; y la última se enfocará en analizar casos especiales o complementarios.
Según Arreaza, el ritmo de atención ha sido “extraordinario”. Dijo que 179 ciudadanos que permanecían detenidos obtuvieron su libertad plena. No dio respuesta a los retrasos en las excarcelaciones denunciadas por ONG.
Indicó que 3.052 personas enfrentaban procesos bajo medidas cautelares. Explicó que la aplicación de la ley conlleva la extinción del delito por el que era procesado o había sido condenado el ciudadano.
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Hasta la fecha, el sistema judicial suma 4.203 solicitudes de amnistía interpuestas por defensas particulares o directamente por el Ministerio Público.
El parlamentario precisó que el juez de cada causa debe verificar que el expediente no figure en hechos excluidos en el artículo 8 de la ley.
Arreaza aclaró que casos emblemáticos como el de la jueza María Lourdes Afiuni o los funcionarios vinculados a los sucesos de abril de 2002 por el momento no entran en la normativa.
“Delitos como corrupción y homicidio intencional no están amparados”, reiteró. Agregó que los funcionarios de seguridad responsables de disparar en manifestaciones entre 2014 y 2017 tampoco son sujetos de este beneficio.
Puso como ejemplo el caso de Juan Pablo Pernalete, por el cual se mantienen privados de libertad 22 guardias nacionales.
Para el ejecutivo a cargo de Delcy Rodríguez, estas acciones representan el cumplimiento de los acuerdos de diálogo y una muestra de fortaleza institucional. Arreaza enfatizó que el Estado tiene la capacidad de perdonar, pero sin renunciar a la vigilancia.
“La amnistía no es impunidad, es una herramienta para la paz necesaria en este nuevo ciclo», aseveró.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público y los tribunales especializados mantienen la revisión de expedientes para determinar si otros detenidos califican para estos beneficios en las próximas semanas.
El anuncio oficial contrasta con las denuncias de diversas ONG de derechos humanos. Estas organizaciones señalan que la Ley de Amnistía se aplica de forma selectiva y que las 3.000 medidas cautelares mencionadas por Arreaza funcionan como una «libertad condicional» que inhibe la participación política.
Afirmaron que el uso de estas figuras permite al Estado mantener el control sobre los ciudadanos sin la presión internacional que supone el encarcelamiento físico, pero sin otorgarles la libertad plena que exige la Constitución.
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