Alto comisionado de la ONU lamenta nuevo pacto de la UE para agilizar deportaciones
El alto comisionado recordó que el derecho internacional deja claro que nadie debe ser devuelto a un lugar donde corra el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos u otros daños irreparables
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lamentó la adopción por el Parlamento Europeo de un nuevo reglamento de retornos que permitirá la agilización de las deportaciones de migrantes y solicitantes de asilo a través de centros de devolución a terceros países.
«Los Estados de la UE no pueden simplemente externalizar a terceros países sus obligaciones en materia de derechos humanos», indicó este sábado 20 de junio el alto comisionados de las Naciones Unidas en un comunicado.
Afirmó que la cuestión es especialmente sensible en el caso de detenciones y devoluciones de personas vulnerables, incluidos niños, lo que «conlleva un alto riesgo de que se vulneren los derechos humanos».
Türk también recordó que el derecho internacional deja claro que nadie debe ser devuelto a un lugar donde corra el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos u otros daños irreparables. «Este es el principio fundamental de no devolución. Debe ser respetado plenamente por todos los países y en todas las circunstancias», añadió el alto comisionado.
El Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea comenzó a aplicarse de manera obligatoria el viernes 12 de junio, tras cumplirse un periodo transitorio de doce meses para dar tiempo a los Estados miembros a poner en marcha infraestructuras y legislaciones clave diseñadas para blindar las fronteras externas de los Veintisiete.
Debido a la entrada en vigor de este nuevo pacto, España dejó de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional. Más de 240.000 venezolanos se beneficiaron de este mecanismo especial desde 2018.
Entre todos los países de la Unión Europea (UE), España es el tercero que más peticiones de asilo recibe, por detrás de Alemania y Francia. A su vez, es uno de los que menos protección internacional concede: solo se lo otorga a una de cada nueve personas que lo piden.
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