AI mostró preocupación por justificación de la fuerza letal en Venezuela
Amnistía Internacional considera que es necesario que se realice una investigación “imparcial, independiente e inmediata» sobre el operativo contra el ex inspector Óscar Pérez
Autor: Luisa Quintero
La organización Amnistía Internacional afirmó sentirse preocupada por la justificación que hacen las autoridades venezolanas del uso de la fuerza letal por parte de los organismos de seguridad del Estado cuando una persona es acusada de un delito, aunque sea “terrorismo”.
La directora adjunta de la Oficina Regional para las Américas, Michelle Kissenkoetter, destacó que sobre el caso de la muerte de Óscar Pérez y otras seis personas durante un operativo para dar con su captura existe poca información verificada, y “a pesar que aún no se hayan estableciendo los hechos, las autoridades están adelantando justificaciones sobre lo ocurrido ayer”.
En una entrevista para TalCual, Kissenkoetter indicó que Amnistía Internacional está consciente de que en el país “existe actualmente un contexto de uso excesivo e ilegal de la fuerza por los agentes de seguridad, y se han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales en otros contextos, por lo tanto existen motivos fundados para cuestionar si la operación de ayer forma parte de este mismo patrón”.
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Por ello, AI considera que es necesario que se realice una investigación “imparcial, independiente e inmediata para establecer los hechos, garantizar justicia, y para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.
La activista de derechos humanos considera fundamental que se determinen responsabilidades respecto del posible uso ilegal de la fuerza, “pero también esclarecer responsabilidades administrativas relacionadas con los funcionarios y personas que pudieron haber participado”.
Además, la directora adjunta de Amnistía señala que las denuncias de la participación de militares y civiles armados en la operación contra el exfuncionario del Cicpc tienen que ser investigadas de forma transparente e imparcial por el Ministerio Público. “La Defensoría del Pueblo también tiene la responsabilidad de asegurar que las investigaciones se lleven a cabo respetando los derechos de las víctimas y sus familias”.
Varias ONG independientes aseguran que el exinspector del Cicpc Óscar Pérez y las seis personas que lo acompañaban fueron ejecutados de forma extrajudicial por funcionarios de organismos de seguridad durante un operativo el lunes 15 de enero en El Junquito (Distrito Capital), debido a que de forma pública había manifestado su voluntad de entregarse a las autoridades, aunque la versión oficial del Gobierno de Nicolás Maduro afirma que el policía rebelde se enfrentó con los cuerpos de seguridad.
Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional informó que los cuerpos de Pérez y las personas que lo acompañaban no serán entregados hasta tanto el tribunal militar a cargo del caso dé la orden.
