¿Agosto de 2003?, por Teodoro Petkoff
Las reacciones que despertó el anuncio de Chávez sobre agosto del próximo año como fecha eventual para el referéndum revocatorio son sorprendentes. Hubo quien pensó que Chávez se había autorrecortado el mandato. Otro editorializa atribuyendo al Tribunal Supremo la decisión de haber fijado en enero del 2004 la mitad del periodo. Una ex magistrada considera que Chávez le enmendó la plana al máximo tribunal. Nadie se molestó en leer la decisión del TSJ. De haberlo hecho habrían descubierto que Chávez dijo exactamente lo que aquel dejó establecido: «El inicio del actual periodo del Presidente es la fecha de su toma de posesión (…) el día 19 de agosto de 2000», por tanto la mitad de su periodo se cumple el 19 de agosto de 2003, que es la que cuenta a los efectos de un referendo revocatorio. La confusión seguramente proviene de que en aquella misma sentencia el tribunal dio una ñapa a Chávez al extender hasta la fecha de inicio del siguiente periodo presidencial (según la Constitución es el 10 de enero del primer año de cada periodo presidencial) su presencia en Miraflores, para que la duración del periodo se ajuste a los seis años que establece la Constitución.
Esclarecido ese punto y teniendo claro que un referendo revocatorio podría ser convocado para dentro de 13 o 14 meses, vale la pena preguntarse si esto no permitiría establecer los lineamientos de una política para la oposición que vaya más allá de convocar marchas para los días once de cada mes, más allá de los recurrentes anuncios de huelga general de la CTV, y más allá de la mesiánica y peligrosa esperanza de que los militares nos resuelvan el problema. Porque se están comenzando a producir consignas y llamados que hablan más bien de cierto enloquecimiento de la brújula. Hace poco partidos y organizaciones de la sociedad civil se pusieron de acuerdo en torno a la iniciativa de la enmienda constitucional para acortar el periodo y llamar a nuevas elecciones. Pero ahora nos salen con una «desobediencia civil» que nadie puede explicar en qué consiste (¿será comerse las luces rojas de los semáforos?) o con una aún más inviable «huelga tributaria», cuando no con el anuncio de una concentración frente a Miraflores «hasta que se vaya Chávez». Una conducta espasmódica, saltando de una a otra iniciativa, sin completar ninguna, no puede sino favorecer al gobierno y perjudicar al país. Por allí están pendientes temas como el de la Comisión de la Verdad, la elección del CNE, el debate sobre el Poder Ciudadano, el enjuiciamiento de los responsables de la malversación en el FIEM, los referendos revocatorios en gobernaciones y alcaldías, sin contar que la crisis económico-social está cobrando su pesado tributo. ¿No pasa una salida democrática por librar estas batallas?
