Académicos y organizaciones civiles exigen al gobierno respetar derechos políticos
En un comunicado, 87 personas piden a la administración de Maduro garantizar derechos y que se extienda el lapso para la inscripción y actualización del Registro Electoral. Instan a la Plataforma Unitaria a conciliar, de manera urgente, un candidato o candidata presidencial que pueda efectivamente participar en las presidenciales
Un grupo de académicos y ciudadanos de la sociedad civil, organizaciones regionales y comunidades exigió al gobierno de Nicolás Maduro garantizar los derechos políticos para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La solicitud se hizo el viernes 12 de abril, a través de un comunicado firmado por 87 personas: «El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como parte en el proceso de negociación México-Barbados, tiene la obligación de cumplir con lo acordado en materia de derechos políticos y garantías electorales con relación a la elección presidencial».
Indican, al mismo tiempo, que la Plataforma Unitaria, como parte en el proceso de negociación México-Barbados, junto a los demás factores democráticos que participaron en la primaria, «tiene igualmente la obligación de honrar lo acordado en Barbados, a pesar del incumplimiento reiterado de la contraparte; el legítimo derecho a exigir la plena garantía de los derechos civiles y políticos de todos, incluyendo el respeto al mandato del proceso primario y la responsabilidad de conciliar, de manera urgente, un candidato o candidata presidencial que pueda efectivamente participar en la elección planteada y movilizar a su electorado».
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Piden garantizar a los venezolanos que se encuentren en el país o en el exterior el ejercicio de su derecho a elegir, para lo cual es necesario, entre otras acciones, «ampliar el lapso y las capacidades para el registro o actualización de datos de los electores; que los candidatos, candidatas y partidos puedan concluir el proceso de postulaciones a la elección sin más restricciones que las que establece la Constitución y las leyes».
Además, abogan que por el despliegue de las misiones calificadas de observación electoral, nacionales e internacionales; y que el sistema electoral sea debida y oportunamente auditado, «con la participación de todos los actores y en compañía de la observación electoral calificada; que los candidatos inscritos y la diversidad de actores políticos y sociales puedan llevar adelante, en seguridad, la campaña electoral».
Un aspecto importante sobre los derechos políticos es «que desde el Estado se respete la normativa electoral».
En el comunicado, exhortan a la comunidad internacional a mantener su compromiso de coadyuvar a abrir oportunidades para la transformación del conflicto político, a través de la vía electoral y el diálogo, contribuyendo a construir incentivos para avanzar hacia una negociación integral y estructural que ofrezca garantías a todas las partes, para que el conflicto se administre en el marco del Estado de Derecho.
