Academias nacionales rechazan actividad minera ilegal en el país
“Además del hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, migración forzada, maltratos, masacres y el severo daño ambiental, ecológico y cultural”, expresa el documento de las academias
Academias científicas del país emitieron este lunes un comunicado en el cual manifestaron su preocupación por la actividad minera desplegada en los estados Bolívar, Amazonas y en el “Arco Minero del Orinoco”, la cual calificaron de “ilegítima, inconstitucional e inconvencional”.
“Esta actividad minera resulta ilegal, a pesar del Decreto 2.248 que creó el proyecto denominado Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (…) Viola los derechos de los pueblos indígenas y demás poblaciones locales, pudiendo incluso su desaparición masiva; amenaza con afectar de forma irreversible la biodiversidad de toda la región, incluidas unidades de conservación”, expresa el comunicado.
Organizaciones manifestaron que en dichas zonas del país “actúan de manera caótica e impune grupos irregulares” que ponen en riesgo especies vivas, “algunas en peligro de extinción, y procesos ecológicos” y menoscaban el derecho constitucional “a un medio ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado” de todos los venezolanos.
Asimismo, academias venezolanas manifestaron que actividades extractivas de oro, diamantes y demás minerales denominados “estratégicos”, tanto en fase de exploración como de explotación, en los afluentes del Orinoco y del Caroní, “causarán daños ambientales irreparables a la salud de seres humanos, ecosistemas y áreas protegidas, comprometiendo el ciclo hidrológico”, amparadas por convenios internacionales, como la cuenca del Caroní que provee una de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora del 60% de energía que abastece a centrales hidroeléctricas.
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Igualmente denunciaron que poblaciones originarias y locales están siendo afectadas por compuestos tóxicos como el mercurio y el cianuro, y por el incremento de áreas potenciales de transmisión de enfermedades emergentes (covid-19) y reemergentes (malaria, sarampión y tuberculosis) de forma incontrolada.
“Además del hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, migración forzada, maltratos, masacres y el severo daño ambiental, ecológico y cultural”, expresa el documento.
También se refirieron a la más reciente Resolución Nº 0010 del Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico, publicada el 8 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial No. 6.526 Extraordinario, que determina las áreas en las cuales se podrá ejecutar la extracción fluvial de oro y diamante y su procesamiento en el marco del llamado Arco Minero del Orinoco, sobre la cual manifestaron su preocupación ya que “cada vez son más visibles los efectos devastadores que tienen lugar en las poblaciones y comunidades indígenas y zonas naturales protegidas bajo diversas figuras legales”.
“Esta resolución afecta aproximadamente 700 kilómetros de ríos al sur de Venezuela y un área directa de 254 kilómetros cuadrados de las riberas de los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, afluentes del río Orinoco, y de los ríos Cuyuní y Yuruán, cuyas aguas fluyen al río Esequibo”, indica la misiva.
Aseguraron que estas graves violaciones de derechos humanos fundamentales fueron denunciadas ante el Consejo de Derechos Humanos por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ACNUDH) en su Informe del 15 de julio de 2020, en el cual indica que «La minería afecta el derecho a la autonomía y autodeterminación de algunos pueblos indígenas…es un factor perturbador de sus formas de vida tradicionales y afecta su capacidad para mantener una relación espiritual con sus territorios”.
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De la misma manera, manifestaron el deber “ético y jurídico” de las mismas para con las futuras generaciones del país de rechazar este tipo de actividades “que afectan no solo el ambiente, su flora y fauna, sino la salud humana”, tanto de mineros como de la población en general, así como los derechos humanos de los pueblos indígenas, que “no solo no fueron consultados” según el respectivo mandato legal.
Por último, exhortaron al régimen venezolano a cumplir con las recomendaciones del Informe presentado al Consejo de los Derechos Humanos por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Nada de lo establecido ha sido eficiente para detener el avance de la minería ilegal y las consecuencias que en el orden económico, político, social y cultural han devenido con esta práctica, convirtiendo al Estado en cómplice de las prácticas de un modelo económico extractivista, violatorio de las leyes ambientales y contrario a la supuesta protección ecológica y desarrollo sustentables contemplados en la Constitución”, finaliza el comunicado.
