Abogados denuncian que casa de Rocío San Miguel fue allanada
El abogado Joel García manifestó su preocupación por el hecho de que funcionarios de seguridad de Estado «pudieran estar sembrando evidencias» en la casa de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel que ha sido allanada en horas de la tarde del 14 de febrero. Tribunales venezolanos dictaron privativa de libertad contra la activista, que es acusada de presunta conspiración
El equipo legal de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel denunció que funcionarios del Estado allanaron la vivienda de la también directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano.
«En este momento allanan la residencia de Rocío San Miguel, tememos que pudieran estar sembrando evidencias», escribió en horas de la tarde de este miércoles 14 de febrero en la red social X el abogado Joel García.
Horas antes el fiscal general, impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa en la que ratificaba los señalamientos contra San Miguel, quien ha sido acusada de, supuestamente, participar en una trama de conspiración que tenía como objetivo perpetrar un magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro.
Saab indicó que San Miguel fue presentada ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, junto a «cinco ciudadanos, que luego de las investigaciones aparecieron involucrados en la trama conspirativa denominada ‘Brazalete blanco».
«En dicha audiencia, realizada en el Tribunal 2° Contra Terrorismo, a solicitud de los fiscales del Ministerio Público, fue acordada medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros».
Los tribunales dictaron privativa de libertad contra Rocío San Miguel, activista por los derechos humanos, que fue detenida por, presuntamente, estar inmersa en una trama de conspiración denominada «Brazalete blanco», y que tenía como objetivo, según la versión oficial, consumar un magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro.
La información fue divulgada por los abogados defensores de San Miguel, el 13 de febrero. La activista fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando se disponía a hacer un viaje familiar.
«El equipo de la defensa de Rocío San Miguel y demás familiares, confirma que fue decretada la privación de la libertad en contra de la Directora de Control Ciudadano y de Alejandro González (expareja), siendo el sitio de reclusión el Sebin de El Helicoide y la Dgcim respectivamente», escribió este 13 de febrero en X, antes Twitter, el abogado Joel García.
Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, es el exesposo de la activista y coronel retirado. Le imputaron los delitos de “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación”.
El equipo legal también informó la excarcelación de cuatro parientes de la activista, luego de permanecer por más de 24 horas aprehendidos, pero con paradero desconocido.
«Confirmamos las excarcelaciones de Miranda Díaz, Víctor Díaz, Miguel San Miguel y Alberto San Miguel, bajo medidas de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y dar declaraciones a los medios», detalló el abogado Joe García. Se trata de la hija, el padre de su hija y dos hermanos de la también directora de la ONG Control Ciudadano.
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Incautaciones de bienes no son cosa nueva
No es la primera vez que se allanan bienes de ciudadanos acusados penalmente.
El pasado mes de enero el V/A retirado Mario Iván Carratú Molina, quien fue imputado junto a un grupo de personas por presuntamente estar involucrado en una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro, denunció que funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado saquearon su residencia en Caracas.
Calificó la acción de «represiva e ilegal», ya que su casa fue «invadida y confiscada» por «operadores del sistema totalitario venezolano».
En 2020 el mayor de la Guardia Nacional (GN) Carlos Alberto Marcano Vásquez denunció que el apartamento alquilado donde vivió hasta 2019 en Caracas, ubicado en la urbanización El Paraíso, fue incautado.
Marcano Vásquez, quién está en condición de refugiado en Colombia luego de haber participado en el intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro el 30 de abril de 2019, explicó que una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) llegó a su vivienda y preguntó a la conserje quién residía en el lugar.
Ese mismo año, un componente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanó la vivienda del exchavista Andrés Izarra.
«Yo he denunciado el despojo arbitrario de mi casa, sin orden judicial, sin fiscal del Ministerio Público y sin fiscal de menores, pues hasta la noche anterior al secuestro de mi casa por parte de la DGCIM -específicamente por el teniente coronel Alexander Granko Arteaga-, allí vivía una pareja con sus 4 hijos menores de edad, uno de ellos en edad lactante. Y ellos hoy no tienen un techo fijo donde vivir pues la DGCIM los obligó a abandonar la casa mientras sus funcionarios continúan dentro de mi propiedad. La Fiscalía no ha respondido nada ni me ha asignado un fiscal, desde que introduje mi denuncia el 3 de agosto», dijo Isabel González experiodista de Globovisión, esposa de Izarra e hijastra de Antonio Ledezma, en una entrevista telefónica que concedió a El Cooperante.
