Abogado Joel García advierte que represión del Gobierno es más «cruenta» que en 2017
El abogado Joel García denunció que en Venezuela no es necesario cometer delitos para ir preso, sino que basta con ser disidentes a las políticas del oficialismo. Afirmó que las personas que fueron detenidas entre el 29 y 30 de julio estaban en su legítimo derecho de protestar, tal y como lo establece la Constitución
El abogado Joel García aseveró que la escalada represiva del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes disienten de sus políticas es más cruenta que las que aplicó el Ejecutivo en los años 2017 y 2014. Rechazó que a las personas aprehendidas por protestar contra los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral que dan como ganador al mandatario, no se les permita ver a sus familiares.
«Jamás había visto esta forma de represión como la de ahora. En 2014 y 2017 quizá hemos podido vivir una como esta, pero por lo menos cuidaban la forma. A las personas se les permitía tener defensa de confianza que podían (esos abogados) advertir si había violaciones de derechos humanos, tortura, tratos crueles o refutar las acusaciones», dijo García este 12 de agosto.
Durante una entrevista con VPITV, cuestionó que el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, diga que no ha recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos. Enfatizó que los defensores públicos no pueden elevar estar querellas. No detalló las razones.
Subrayó que en Venezuela no es necesario cometer delitos para ir preso, sino que basta con ser disidentes a las políticas del oficialismo. Afirmó que las personas que fueron detenidas entre el 29 y 30 de julio estaban en su legítimo derechos de protestar, tal y como lo establece la Constitución.
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«La situación es bastante delicada. Se dice que varios de Yare los van a pasar a Tocorón y podrían ser acusados», alertó. Por otra parte, apuntó que el número de detenciones por protestas poselectorales es mucho mayor a las contabilizadas por el Foro Penal (1.303) porque muchas personas no han denunciado sus casos.
García se refirió a las aprehensiones del exdiputado Williams Dávila y la de los dirigentes de Voluntad Popular Freddy Superlano y Roland Carreño. «La familia de Dávila, Superlano y Carreño me pidieron ayuda y noto el desespero porque no saben dónde están. No sé sabe qué va a suceder. Los familiares temen pero hay que denunciar. El familiar se imagina lo peor y en venezuela puede pasar lo peor. Han fallecido personas en circunstancias extrañas», señaló.
Recordó que el fin de semana pasado su equipo acompañó al hermano del exparlamentario a la sede del Ministerio Público para denunciar su desaparición forzada, pero les informaron que los sábados y domingos no reciben ese tipo de denuncias.
«Mi sugerencia es que hay que denunciar. Quien no haya denunciado (…) cuando no se denuncia entra en las cifras negras y lo que puede pasar lo ocultan porque para la sociedad no existe», advirtió.
Al ser preguntado sobre la supuesta veracidad de informaciones de que en zonas caraqueñas viviendas de ciudadanos han sido marcadas por ser opositores, dejó claro que desconoce la veracidad de estos audiovisuales. Sin embargo, sostuvo que «marcar una vivienda de alguna manera nos dice que estamos en una persecución. Jamás había visto esta forma de represión que estamos viendo ahora».
Ratificó su preocupación por la situación de los aprehendidos. «Si llegan a acusar a los adolescentes, se puede imaginar lo que vendrá después con los adultos detenidos».
El gobernante Nicolás Maduro señaló, durante un mitin en el Palacio de Miraflores, que tenían “2.229 terroristas capturados”. El número dobla el registro que ha divulgado el propio Ministerio Público y también el de las organizaciones sociales.
El último reporte entregado por el Ministerio Público (MP) es del 31 de julio. Hasta esa fecha el MP indicaba que había un total de 1.062 personas aprehendidas y que serían procesadas ante la justicia venezolana por su presunta vinculación “con focos de violencia en varios estados del país”.
El Foro Penal, en tanto, contabilizó 1.263 personas detenidas, entre ellas 160 son mujeres, 114 son adolescentes, 16 son personas con discapacidad y cinco son indígenas. La cifra corresponde a su reporte del 9 de agosto.
