130 ONG exigen libertad plena para los 33 de Carabobo y cese de la homofobia de Estado
Las 130 ONG nacionales e internacionales solicitaron a todas las agencias y órganos de las Naciones Unidas que activen los mecanismos de protección y seguridad para personas lesbianas, gais, bisexuales, tras e intersex en el país. Consideran que estas detenciones se suman «a la lista de violaciones de derechos humanos de las personas LGBTIQ+» y se podrían transformar en un «patrón criminalizador» de personas que expresen libremente su orientación sexual, identidad o expresión de género
Más de 130 organizaciones venezolanas e internacionales rechazaron la detención arbitraria de 33 hombres en una sauna de Valencia, estado Carabobo, el pasado 23 de julio y exigieron el cese del escalamiento «de la política de homofobia de Estado y de algunos medios de comunicación contra las personas LGBTIQ+».
En un comunicado, difundido este miércoles 2 de agosto, las oenegés aseguraron que estas 33 personas deben ser sobreseídas penalmente y obtener libertad plena, al tiempo que exhortaron al Estado venezolano a garantizar su protección, integridad física y psicológica, así como el inicio de una investigación al fiscal, la jueza que conoce la causa y los funcionarios policiales involucrados en su detención.
«Un grupo de personas adultas mayores de edad con el consentimiento de las partes que se reúnan en un lugar privado de manera privada con fines lícitos, de expansión e incluso sexuales, donde no se evidencie el ofrecimiento de material grabado de forma pública y a la venta, no constituye delito alguno, por lo tanto no se considera ultraje al pudor ni tampoco agavillamiento», destacaron.
Para las ONG, estas detenciones se suman «a la lista de violaciones de derechos humanos de las personas LGBTIQ+» y se podrían transformar en un «patrón criminalizador» de personas que expresen libremente su orientación sexual, identidad o expresión de género.
«Perseguir y discriminar con base en la orientación sexual e identidad de género viola las garantías constitucionales y constituye una violación a derechos humanos. Todas las personas son iguales ante la ley y al mismo tiempo somos distintas de manera individual. No existe una única forma de sentir y amar, y tal diversidad no constituye delito, ni podría justificar detenciones arbitrarias, violencia o negación de derechos», señalaron.
Otra cuestión que enfatizaron es el cese a la «homofobia de Estado» y la criminalización, hostigamiento y extorsión a personas Lgbti, por lo que pidieron plenas garantías para el cumplimiento del artículo 332 de la Constitución, que establece que los cuerpos de seguridad ciudadana deben respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación.
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Además, las 130 ONG solicitaron a todas las agencias y órganos de las Naciones Unidas que activen los mecanismos de protección y seguridad para personas lesbianas, gais, bisexuales, tras e intersex en el país.
33 hombres fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la tarde del domingo 23 de julio, supuestamente tras una denuncia anónima de vecinos, en un local que funciona como sauna en Valencia. Fueron trasladados a una delegación en un municipio diferente (Los Guayos) y expuestos con fotos, nombre y apellido.
En una audiencia de presentación, que duró poco más de cuatro horas y se hizo vencido el plazo de 48 horas que establecen las leyes, los 33 fueron acusados por la Fiscalía 5ta de Carabobo y la Fiscalía 28 Nacional de los presuntos delitos de «ultraje al pudor», agavillamiento y contaminación sónica.
El Tribunal Quinto con competencia municipal, a cargo de la jueza Marialba Villarreal, admitió las acusaciones y dictó regimen de presentación a 30 de ellos, fianza para el dueño y dos trabajadores del local, además de la confiscación de la sede de «Avalon Club».
Las ONG también hicieron énfasis en la responsabilidad de los medios de comunicación y los periodistas en no fomentar discursos de odio o discriminación contra poblaciones específicas. «Replicar informaciones estigmatizantes y que denigran a los implicados también es una violación de los DDHH. Un periodista ético evita emitir opinión ni prejuzgar los hechos que reporta».
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