118 diputados opositores han sido agredidos y perseguidos desde 2016
En un mes, el Ministerio Público, el TSJ y la ANC han tomado acciones contra 17 parlamentarios a quienes se les ha allanado de forma inconstitucional su inmunidad parlamentaria
La Comisión especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, en conjunto con la subcomisión de atención a las víctimas, detalló que 118 diputados principales y suplentes han sido agredidos o perseguidos desde 2016, cuando se instaló un nuevo periodo con mayoría opositora.
El informe, elaborado por la diputada Delsa Solórzano, destacó que desde ese año la institución parlamentaria ha sido objeto de un «ataque permanente y sistemático» iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al decidir la desincorporación de los diputados electos de Amazonas y la declaratoria del desacato, lo que ha llevado a desconocer las decisiones del parlamento venezolano.
Además, se le ha negado los recursos para el funcionamiento, la suspensión del pago a los parlamentarios, usurpación de funciones, ocupación de espacios y bienes por parte de la asamblea constituyente, al igual que la toma del Palacio Federal Legislativo por grupos civiles armados.
La diputada Solórzano señaló que durante 2019 se ha producido un nuevo aumento en las agresiones y persecución contra los parlamentarios.
«Las acciones se presentan más violentas, tal es el caso del ataque contra los diputados ocurrido los días 22 y 23 de febrero del año 2019, cuando un grupo de parlamentarios que se dirigía al estado Táchira fue secuestrado durante varias horas por colectivos paramilitares afectos al gobierno», reveló el informe.
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Solórzano considera que también se han tomado medidas que “invalidan en la práctica la inmunidad parlamentaria” y son el resultado de las acciones conjuntas de varios poderes del Estado contra el Legislativo, lo que irrespeta las normas constitucionales sobre el fuero parlamentario.
“Estamos ante una nueva y brutal arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra el poder legislativo con el objeto de silenciar a los diputados y desarticular y, eventualmente, disolver el parlamento elegido democráticamente en el 2015”, afirmó.
En un mes, el Ministerio Público, el TSJ y la ANC han tomado acciones contra 17 parlamentarios a quienes se les ha allanado de forma inconstitucional su inmunidad parlamentaria y ordenado su pase a juicio en tribunales ordinarios, desconociendo la figura del antejuicio de mérito.
En decisiones idénticas, a los 17 diputados se les ha acusado de siete presuntos delitos, tras ser acusados por su relación con los sucesos del 30 de abril, cuando un grupo de militares apoyado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, desconocieron el régimen de Nicolás Maduro.
De este grupo, solo el primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, se encuentra detenido en la sede de la Policía Militar de Fuerte Tuina, el principal regimiento militar del país, luego de ser presentado en tribunales sin derecho a elegir su defensa.
Hay parlamentarios que se encuentran como refugiados en embajadas (Mariela Magallanes, Richard Blanco, Franco Casella y Américo de Grazia), exiliados (Winston Flores y Luis Florido) o se declararon formalmente en resguardo (Freddy Superlano, Simón Calzadilla, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Carlos Paparoni).
El resto siguen asistiendo a sus funciones como diputados bajo perfil.
