Venezolano exige $1,3 millones a EEUU por deportación a El Salvador en 2025
El venezolano Neiyerver Rengel lidera el reclamo tras pasar cuatro meses en condiciones inhumanas por una presunta afiliación al Tren de Aragua en el Cecot. Afirma que sufrió golpes por parte de los guardias, condiciones inhumanas de hacinamiento, traumas psicológicos extremos y falta de atención médica, además de estar incomunicado de su familia y sin asistencia jurídica
Neiyerver Adrián León Rengel, ciudadano venezolano expulsado hace un año por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador, presentó una demanda el pasado martes en la que reclama 1.3 millones de dólares por daños y perjuicios, amparándose en una ley de excepción de 1798.
Es la primera demanda por daños y perjuicios presentada por uno de los cerca de 130 venezolanos expulsados el 15 de marzo de 2025 a El Salvador bajo la ley sobre «enemigos extranjeros», utilizada hasta entonces exclusivamente en tiempos de guerra, por presunta vinculación a la banda venezolana Tren de Aragua.
Ese grupo de venezolanos había sido encarcelado en el Cecot, el centro penitenciario salvadoreño de máxima seguridad, hasta su liberación en julio de 2025 gracias a un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, a donde muchos regresaron.
Detenido en Irving, Texas (sur), por agentes del servicio estadounidense de inmigración (ICE), Neiyerver Adrián León Rengel fue procesado y expulsado a pesar de que explicó a las autoridades que tenía abierto un expediente de regularización, según el texto de su demanda presentada en Washington.
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Los agentes justificaron su detención por sus tatuajes, que según ellos revelaban su afiliación al Tren de Aragua, algo que él negó.
Durante cuatro meses, «se pudrió en el Cecot, donde fue golpeado por los guardias, sufrió condiciones inhumanas y de hacinamiento carcelario, así como traumas psicológicos extremos, se le negó una atención médica adecuada y estuvo detenido sin contacto con su familia ni asistencia jurídica», según la demanda.
León Rengel reclama al gobierno una indemnización de al menos 1,3 millones de dólares.
Un juez federal de Washington concluyó el año pasado que las expulsiones de estos más de 130 venezolanos en virtud de la ley sobre «enemigos extranjeros» eran ilegales.
El magistrado dijo hace un año que el gobierno había desacatado al tribunal, porque a su juicio hizo caso omiso de su orden de suspender los vuelos de expulsión hasta que él se hubiera pronunciado.
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