Un nuevo parlamento se instala en 2026 bajo la sombra de la represión y ataques de EEUU
Una de las primeras tareas del nuevo parlamento será la juramentación como «presidenta encargada» de Delcy Rodríguez. Esto bajo una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró que, ante la «ausencia forzosa» de Maduro, era necesaria una «medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación»
Este 5 de enero se instala un nuevo periodo del parlamento venezolano, tras los recientes ataques de Estados Unidos en Caracas, a pocos kilómetros de la sede de la Asamblea Nacional, y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En estos hipotéticos cinco años de legislatura, apenas se suman unas cuantas voces disidentes el chavismo, todas ellas marcando distancia de las acciones y declaraciones de la líder opositora María Corina Machado.
Producto de las elecciones del 25 de mayo, la mayoría parlamentaria quedó –sin sorpresas– en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Lo «extraordinario» fue la incorporación de políticos como Henrique Capriles, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Emilio Rondón, Henri Falcón, Pablo Pérez o Antonio Ecarri.
Del lado de la Alianza Democrática repiten dirigentes como José Brito, Luis Augusto Romero y José Gregorio Correa.
Expertos electorales como Andrés Caleca han dicho que a este sector de la oposición, según el método D’ Hondt, apenas les correspondían tres diputaciones por la votación obtenida el pasado 25 de mayo; sin embargo, el CNE les adjudicó seis.
En todo caso, una bancada que pueda frenar decisiones del PSUV con base en su número de diputados es inexistente. A pesar de las limitaciones, figuras como Capriles o Stalin González han dicho que sus primeras acciones serán plantear «los problemas de la gente».
Desde mediados de noviembre, Capriles impulsó el aumento del salario mínimo y una serie de bonos para trabajadores de la administración pública. Sus solicitudes no fueron tomadas en cuentas por el sector oficial.
Un parlamento en cifras
Según los datos que ha facilitado el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desde 2021 se aprobaron 100 leyes y 28 reformas. El año pasado apenas se aprobaron 10 nuevos instrumentos, la mayoría relacionados a la coyuntura marcada por Estados Unidos y tan solo una reforma de ley.
¿La razón? El «paro» autoimpuesto del parlamento debido a la campaña electoral. La última sesión que celebró la AN antes de los comicios fue el jueves 10 de abril de 2025, cuando se aprobó el decreto de estado de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro en respuesta al «impacto de la guerra comercial global iniciada por el Gobierno» de Estados Unidos, que impuso aranceles del 15% a Venezuela.
Tras las elecciones, y con las figuras importantes como Jorge Rodríguez o Pedro Infante con su curul asegurada, se mantuvo el pulso por el accionar estadounidense hasta el final del periodo: el pasado 23 de diciembre se concluyó formalmente el periodo legislativo con la aprobación de la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueo y otros Actos Ilícitos Internacionales. La normativa responde al bloqueo ordenado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los buques sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela.
El artículo 10 de esta Ley estipula sanciones severas para quienes promuevan, financien o invoquen «actos de piratería contra personas o empresas que comercien con la República». Las penas incluyen prisión de 15 a 2o años y multas equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de mayor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Días antes también se había aprobado una norma derogatoria del Estatuto de Roma, que rige la función de la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía mantiene una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país al menos desde 2014. El instrumento pasó a manos de Maduro para su promulgación, pero nunca se registró confirmación oficial del hecho.
Estas normativas apenas representan parte del entramado legislativo que propició la Asamblea Nacional para coadyuvar en el cierre del espacio cívico, según han planteado diversas organizaciones nacionales e internacionales, así como la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
Una de las leyes relevantes de ese «legalismo autoritario», como lo denomina Laboratorio de Paz es la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro o «Ley Antisociedad».
Sancionada el 15 de agosto de 2024 y propuesta por Diosdado Cabello, contempla varios supuestos bajo los cuales una ONG puede ser disuelta o sancionada, todo bajo la discrecionalidad del gobierno chavista. En su intervención, el ministro señaló a varias oenegés de generar desestabilización en el país, promover acciones terroristas u odio, con dineros de Estados Unidos.
La normativa llevó a varias organizaciones dedicadas a labor humanitaria, defensoras de derechos humanos o de contraloría social, como Transparencia Venezuela, a cerrar o funcionar desde el exterior.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista también fue una de las normativas creadas, a juicio del Laboratorio de Paz, para que sustentase «al gobierno sin legitimidad de origen». Las penas previstas en este instrumento son la prisión entre 25 a 30 años –sin fórmulas alternativas de cumplimiento de pena-; la inhabilitación política hasta 60 años; la incautación de bienes según el procedimiento de extinción de dominio.
Estas leyes, junto a la reforma de la Ley de Justicia de Paz Comunal, fueron calificadas por Laboratorio de Paz como el punto de conjunción para generar «el cierre casi total del espacio cívico en el país, así como la prohibición del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población».
Lo que viene
Una de las primeras tareas del nuevo parlamento será la juramentación como «presidenta encargada» de Delcy Rodríguez. Esto bajo una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró que, ante la «ausencia forzosa» de Maduro, era necesaria una «medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación». Sin embargo, se señaló que esto no implica una decisión sobre si la falta del líder chavista es temporal o absoluta.
Una captura por parte de un país tercero no está dentro de las causas previstas por la Constitución para declarar la falta del presidente, una figura que de por sí es controvertida para la comunidad internacional.
Nicolás Maduro no era reconocido por varios países como «presidente» debido al reclamo de fraude hecho por la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. La líder opositora María Corina Machado sostiene, con base en las actas de votación recogidas, que Edmundo González Urrutia ganó el 28 de julio con un amplio margen.
El presidente Donald Trump advirtió que Delcy Rodríguez podría enfrentar consecuencias “probablemente más altas” que Nicolás Maduro “si no hace lo correcto”. Trump la había elogiado el sábado 3 de enero, horas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas. Sin embargo, el tono cambió luego de que la vicepresidenta declarara que Venezuela defendería sus recursos naturales.
En suspenso también podría quedar la reforma constitucional que Maduro impulsaba para incorporar de manera definitiva el «Estado comunal». Dicha reforma fue una campaña e incluso se adelantaron comisiones y discusiones dentro del parlamento para atender cada uno de los ejes temáticos, pero el trabajo quedó en secreto luego de que se decidiese suspender un primer borrador a consideración de los diputados para esperar a la instalación de la nueva Asamblea Nacional este 2026. Ahora todo dependerá de las acciones de Delcy Rodríguez como «presidenta encargada».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
