Un mes en vilo llevan habitantes de Guárico por operativo policial
La ONG Defiende Venezuela señaló que los detenidos durante este operativo de los cuerpos de seguridad en el estado Guárico, fueron trasladados hasta la ciudad de Caracas, donde se les ha negado el acceso a la defensa privada y familiares desconocen los delitos que se les imputan
Desde el pasado 20 de abril y hasta la actualidad los cuerpos de seguridad llevan a cabo en la localidad de Altagracia de Orituco, estado Guárico, un operativo policial que tiene como objetivo dar con el paradero de los integrantes del autodenominado “tren del llano”.
Sin embargo, como se ha vuelto costumbre durante estos operativos, los cuerpos de seguridad presuntamente han llevado a cabo acciones que incurren en violaciones a los derechos humanos.
La ONG Defiende Venezuela, viajó hasta la localidad, donde pobladores reportaron allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, extorsiones y represión, durante el desarrollo de la “Operación Trueno”.
Víctimas y familiares de estos hechos han denunciado ante esta organización que los cuerpos de seguridad del Estado que han actuado durante estos operativos son:
- Funcionarios de la Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO), adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
- Funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP), adscritos a la PNB.
- Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas), adscrito a la Guardia Nacional.
A pesar de esto, testigos aseguran que estos funcionarios al momento de practicar los allanamientos y detenciones se identifican como efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), de la PNB.
“Logramos identificar que siguen los allanamientos ilegales a las residencias y comercios, se han atentado contra vidas, existe un sometimiento de los ciudadanos con detenciones arbitrarias, se han dado confiscaciones ilegales, robos de bienes, violencia de género y, por último, actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo uno de los abogados de Defiende Venezuela que viajó hasta la localidad de Altagracia para investigar sobre estos hechos.
Durante esta visita los integrantes de esta ONG entrevistaron a 15 familias, compuestas por madres, esposas, hijos, hermanos y sobrinos, y a más de 24 víctimas indirectas, incluyendo gremios de productores y comerciantes, también recopiló evidencia que soportaba las declaraciones de estos.
La mayoría de los detenidos durante este operativo fueron trasladados hasta la ciudad de Caracas para ser presentados ante los tribunales con competencia en terrorismo. A estos sujetos no se les permitió el acceso a la defensa privada.
En algunos casos se evidenció también la desaparición forzada de personas. Defiende Venezuela constató cómo autoridades de los cuerpos de seguridad que participan en este operativo anuncian activamente en redes sociales la captura de varios pobladores, sin embargo, a la familia se le niega la información sobre el lugar de detención.
Además, algunas de las familias de Altagracia de Orituco denunciaron que, en oportunidades los cuerpos de seguridad del Estado se metieron a sus viviendas para usarlas como centros de operaciones, donde pernoctaban y hasta los señalan de haber organizado celebraciones en las mismas.
Los funcionarios no contaban con una orden judicial de confiscación acordada por un tribunal, tampoco se evidenció la presencia de un representante del Ministerio Público durante los allanamientos.
A pesar de que se trata de un operativo policial para desarticular una banda organizada y brindar seguridad a los habitantes de Guárico, las personas que hacen vida en esta localidad dicen sentir miedo y terror por las acciones de los funcionarios.
Consideran que no existe una planificación de seguridad ciudadana o control judicial en las actuaciones de los cuerpos de seguridad.
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