TSJ niega acceso a expediente de María Corina Machado a su equipo legal
La razón expuesta por la Sala Político Administrativa del TSJ para impedir el acceso a los documentos fue que el magistrado ponente y presidente de la Sala, Malaquias Gil, estaba trabajando con el expediente
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó al equipo legal de la líder opositora, María Corina Machado, acceso al expediente que contiene la causa administrativa que sustenta su supuesta inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Así lo denunció el líder del equipo judicial de Vente Venezuela, Perkins Rocha, al relatar que por segunda vez consecutiva recibió una respuesta consecutiva al apersonarse en la sede del TSJ para evaluar el expediente.
Debido a que el equipo de Machado no tiene acceso a estos documentos, sigue sin conocer qué trámite se está llevando a cabo ni tampoco el cumplimiento del requerimiento que la Sala Político Administrativa había hecho a la Contraloría General de la República, de consignar los antecedentes administrativos del caso y especialmente los actos administrativos que sustentan la inhabilitación de la coordinadora nacional de Vente Venezuela.
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La razón expuesta por la Sala para impedir el acceso a los documentos fue que el magistrado ponente y presidente de la Sala, Malaquias Gil, estaba trabajando con el expediente. Sin embargo, esta situación ocurrió tanto el 19 de diciembre de 2023 como ahora, este 9 de enero de 2024.
Rocha alerta que este impedimento deja a la candidata presidencial elegida por la oposición en una situación de «indefensión» judicial, con lo que se ponen en peligro los términos acordados por chavismo y oposición en los acuerdos firmados en Barbados.
«La Sala coloca a María Corina Machado en una peligrosa situación de indefensión, impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo y, a su vez, el TSJ pone en peligro el cumplimiento del acuerdo de Barbados, especialmente en lo relativo al deber asumido por la Sala de atender las demandas judiciales para revisar las supuestas inhabilitaciones políticas», advirtió el abogado en su cuenta de X.
1/7 Hoy asistimos al TSJ a revisar en SPA el exp. d la Dda d Reclamo por Vía de Hecho y Amparo Cautelar q María Corina Machado (MCM) interpuso en contra d los obstáculos q impiden el ejerc d sus Dchos Políticos y participar como candidata en las elecciones Presidenciales.
— Perkins Rocha (@PerkinsRocha) January 9, 2024
Mediante los documentos firmados en Barbados, posteriores a conversaciones entre Washington y Caracas, el chavismo se comprometió a iniciar procesos para la liberación de presos políticos y también para garantizar la participación de todos los ciudadanos que deseen participar en las presidenciales de 2024, lo que pasaba por retirar inhabilitaciones contra dirigentes opositores. Estas fueron las condiciones para que Estados Unidos levantase parcialmente las sanciones económicas aplicadas contra Venezuela y su industria petrolera.
El chavismo hizo apenas esfuerzos en la liberación de presos políticos y ningún procedimiento para garantizar la participación de opositores en las elecciones hasta que el 30 de noviembre, fecha límite establecida por Estados Unidos, finalmente el TSJ informase sobre el inicio de un procedimiento para revisar las inhabilitaciones.
Para ello, cada dirigente inhabilitado debía introducir un recurso contencioso administrativo contra la medida que les impide ejercer cargos públicos, junto con una solicitud de amparo cautelar, en un plazo que se mantendría hasta el 19 de diciembre de 2023.
Machado se negó a solicitar ninguna revisión, alegando que no existe un acto administrativo formal que sustente su inhabilitación, ya que nunca recibió notificación alguna. Sin embargo, en la fecha límite establecida por el TSJ, la dirigente se apersonó en la sede del Poder Judicial para introducir una demanda de reclamación por vía de hecho, en la cual se recalca que la medida en su contra es un «acto inexistente».
Es por este motivo que su equipo ha intentado acudir a la Sala Político Administrativa para revisar el expediente del caso y comprobar los actos administrativos que supuestamente pesan en su contra, pero no le han permitido revisar estos documentos.
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