TSJ ha intervenido en todas las elecciones universitarias de estudiantes y autoridades
La sentencia No. 102 emitida el 27 de noviembre por la Sala Electoral es una más de tantas decisiones judiciales que desde 2011 funcionan como medidas de intervención en los procesos de elecciones internas de universidades autónomas
La decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena a las autoridades de la Universidad de Carabobo (UC) que reconociera como presidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU) a Jessica Bello en lugar de Marlon Díaz, se convierte en una más de la larga seguidilla de intervenciones judiciales del máximo tribunal del país en torno a los procesos electorales internos de las universidades autónomas.
La celeridad judicial del TSJ se ha manifestado de forma casi inmediata ante los recursos introducidos por estudiantes identificados con planchas de tendencia oficialista que pidieron la impugnación de los procesos electorales, incluidos los de la renovación de autoridades rectorales que tienen siete años de retraso debido a dos sentencias del tribunal -una de la sala electoral y otra de la constitucional- que trancaron el juego desde 2011 y aún permanecen sin decisión.
Cogobiernos estudiantiles en la mira
El 14 de febrero de 2016, el TSJ admitió un recurso de amparo que fue presentado por cuatro estudiantes de la UCV que denunciaban haber sido excluidos del registro electoral y por tanto se ordenaba suspender las elecciones de cogobierno para el período 2017-2018 de la Federación de Centros Universitarios, que estaban previstas apenas tres días después de emitida la sentencia, el viernes 17 de febrero.
La razón de fondo es la inhabilitación de las comisiones electorales que ha sido utilizada como factor común para intervenir en la suspensión de las elecciones de la FCU de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad de Carabobo. La UCV, USB y la UC desconocieron la sentencia del TSJ porque se amparan en la Constitución y en la autonomía universitaria para concretar las elecciones.
La sentencia del TSJ emitida en 2016 señalaba que “muchos estudiantes, tanto regulares como nuevos ingresos, fueron excluidos del mismo (registro electoral), cuyo cronograma de inscripción en las respectivas escuelas les asignó fecha de inscripción cuando ya los procesos de impugnación y registro en el padrón electoral habían sido cerrados, negándoles la posibilidad de participar en el proceso electoral, y poder elegir sus representantes estudiantiles, incluso violándoles la posibilidad de poder participar como candidatos en el mismo proceso”. Los magistrados además de citar a los representantes del Consejo Universitario y a la comisión electoral les notificaron anticipadamente el inicio de un procedimiento ante el Ministerio Público.
Pero la decisión que en principio estaba directamente dirigida a la comisión electoral de la UCV -inhabilitada desde 2011- llevó a cabo el proceso electoral de la FCU porque la comisión electoral que los regula no es la misma que norma el proceso de autoridades, solo en el caso de los candidatos estudiantiles que van a cargos de cogobierno, es decir, los que forman parte del Consejo Universitario.
El tribunal aplicó la misma cuando le tocaba el turno a la USB. La votación del 16 de junio de 2016 enfrentaba el mismo obstáculo para elegir el cogobierno porque se trataba de la misma comisión electoral de las autoridades, que siete años después sigue inhabilitada. Daniel Ascanio, quien resultó electo para el período 2016-2017, explicó que desde 2013 no han podido elegir a los estudiantes de esa casa de estudio que van al Consejo Universitario.
No ganan ni ganando
La nueva sentencia ya no se enfoca en la suspensión de las elecciones sino en sus resultados. En febrero de 2017, el ex presidente de la FCU de la UC, Iván Uzcátegui, dijo que habían introducido cuatro recursos ante el mismo tribunal para pedir que se permitieran las elecciones y sin embargo cinco procesos electorales fueron suspendidos por la vía judicial. Las elecciones en esta casa de estudio sumaban 11 años de retraso.
Después de cinco intentos fallidos, la expectativa ante la votación del 14 de noviembre en la UC se vio ensombrecida por la intervención violenta de un grupo presuntamente asociado al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. Aún así, el proceso concluyó y la Comisión electoral que había sido proclamada en Consejo Universitario desde febrero de 2017, dio como ganador a Marlon Díaz con 85% de los votos como el candidato de la plancha Unidad Estudiantil en el que se unieron más de 20 organizaciones de tendencia opositora.
Así como en 2016, la impugnación de los cuatro estudiantes de la UCV solo requirió de tres días para obtener una respuesta del TSJ, en el caso de la Universidad de Carabobo, la otra contendiente, Jessica Bello interpuso una acción de amparo constitucional por la presunta violación del derecho al sufragio y a la participación. En menos de diez días se publicó la sentencia Nº 102 de la Sala Electoral a través de la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, quien afirmó que Bello “resultó electa y proclamada por la Comisión Electoral Estudiantil legalmente constituida el 12 de noviembre de 2018” y ordenó a las autoridades de la UC deben “realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes con el fin de garantizar la posesión efectiva del cargo y el ejercicio inmediato de las funciones”.
Bello había sido respaldada públicamente por el gobernador Lacava y también fue declarada ganadora por una comisión electoral paralela que se conformó la noche antes de las elecciones.
El abogado Julio Fernández Toro explicó a través de una serie de tuits en relación a la decisión del TSJ que la sentencia «es absurda» no solo porque las federaciones estudiantiles son organizaciones autónomas y como gremio, el tribunal no tiene competencia sobre sus decisiones.
https://twitter.com/fernandeztoro/status/1067587351751340032
https://twitter.com/fernandeztoro/status/1067587442105028609
Sin decisión se trancó el juego
Las autoridades rectorales de las universidades autónomas debieron entregar sus cargos desde 2012. Pero un año antes la Sala Electoral del TSJ decidió la suspensión de elecciones universitarias hasta tanto las casas de estudio modificaran sus reglamentos electorales para ajustarlos a la Ley Orgánica de Educación, promulgada en 2009. Pero el mismo TSJ a través de la sala constitucional admitió un recurso de nulidad en contra de esa sentencia porque contraviene el artículo 109 de la Constitución y el 10 de la Ley de Universidades, es decir el mismo TSJ, reconoció que cualquier decisión tomada fuera de la comunidad universitaria es una violación de su autonomía.
Rita Añez, rectora de la Unexpo y quien estuvo al frente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios desde 2004 hasta 2013, explicó que en 2011 se iban a realizar las elecciones rectorales de la UCV, UDO, ULA y LUZ más tres experimentales: Unexpo, UCLA y UNET Táchira para que asumieran nuevas autoridades en 2012. Pero a pesar de las 60 sentencias que introdujeron para solicitar el reinicio de los procesos, la única decisión de la Sala Electoral fue obligar a las universidades a hacer un reglamento en 15 días.
Pero la Sala Constitucional, que en ese entonces estaba presidida por Luisa Estela Morales, intervino porque la Ley de Educación violaba la Ley de Universidades y la Constitución, por lo que desde entonces el conflicto de ambas instancias no ha sido resuelto, lo que generó que cumplan diez años sin poder renovar sus cargos e incluso en tres universidades algunas autoridades rectorales han fallecido en el ejercicio: el rector de la UCLA, Francesco Leone, el secretario de la Universidad de Oriente, Juan Bolaños Curvelo, y la vicerrectora administrativa de LUZ, María Guadalupe Núñez.
Además de las intervenciones judiciales, los hechos violentos y las agresiones durante los procesos electorales también han funcionado como motivos para la suspensión, lo que se traduce en mayores retrasos en las convocatorias a elecciones estudiantiles.
