TSJ ha dejado curules vacías en el Parlamento con sentencias por «traición»
Son 35 diputados hasta mayo de 2019 que han sido víctimas de decisiones judiciales que han obligado a su exilio, resguardo, libertad condicionada, refugiarse en sedes diplomáticas o que están presos
La nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el diputado Rafael Guzmán (primero Justicia – Miranda), donde ordena su enjuiciamiento por su participación en los sucesos del 30 de abril, deja nuevamente a la Asamblea Nacional (AN) sin una curul.
La ola de sentencias contra diputados opositores tras los sucesos de abril, a petición del Ministerio Público, no respeta las previsiones constitucionales sobre el enjuiciamiento a funcionarios de altos cargos, sin tomar en cuenta las disposiciones sobre la inmunidad parlamentaria.
El artículo 200 de la Constitución establece que los diputados deben ser sometidos a un antejuicio de mérito de ser investigados y enjuiciados por cometer un presunto delito. Además, para allanarse la inmunidad, será a través de un procedimiento que realiza el Parlamento venezolano, previa solicitud del TSJ.
Pero el procedimiento que ha utilizado el poder Judicial es ordenar el pase a juicio en tribunales penales ordinarios, pues se alega que al ser “delitos comunes” no corresponde el antejuicio de mérito.
Mientras, el allanamiento le corresponde a la impuesta asamblea constituyente, un órgano que se autodenomina como «supraconstitucional» y ha reemplazado las funciones de la Asamblea Nacional en estos casos.
Con estas dos acciones, se ha dejado al parlamento venezolano con cuatro curules vacías hasta el 29 de mayo. De un solo plumazo, la ANC «despachó» las inmunidades de Henry Ramos Allup, Juan Andrés Mejía y Sergio Vergara en una sola sesión, tras ser acusados de los sucesos del 30A.
En los casos de Ramos Allup y Vergara, sus suplentes se encuentran en el exilio por razones personales o persecución (Ramón López y Rosmit Mantilla, respectivamente). El diputado Mejía es suplente de Freddy Guevara, exvicepresidente de la AN y actualmente refugiado en la embajada de Chile en Venezuela.
Rafael Guzmán fue electo por el circuito 4 de estado Miranda, que comprende las parroquias de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagüita, Filas de Mariche y La Dolorita. En 2018 fue presidente de la Comisión permanente de Finanzas, cuando se decidió la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para superar la falta de datos del Banco Central de Venezuela.
El suplente del diputado Guzmán es Gilber Caro, quien se encuentra «desaparecido» desde el 26 de abril, cuando fue detenido en Las Mercedes por presuntos funcionarios del Sebin.
Caro estuvo preso 15 meses y había salido de prisión en junio del año pasado, como parte de las medidas especiales acordadas por el gobernante Nicolás Maduro durante un nuevo proceso de diálogo. El 24 de abril, según una orden del tribunal sexto de control del estado Carabobo, se le revocaron las medidas pero se desconoce oficialmente su sitio de reclusión.
Además, tres comisiones permanentes de la AN se han quedado sin sus presidentes tras la «razia» de Nicolás Maduro, pues el diputado Miguel Pizarro (Desarrollo Social Integral) está bajo resguardo al igual que Carlos Paparoni (Finanzas) y Freddy Superlano (Contraloría).
En total, son 35 diputados hasta mayo de 2019 que han sido víctimas de decisiones judiciales que han obligado a su exilio, resguardo, libertad condicionada, refugiarse en sedes diplomáticas o que están presos.
A pesar de esto, nueve de ellos han garantizado la representación de sus electores, pues sus suplentes están juramentados e incorporados.
También está el caso particular de Hugo “el Pollo” Carvajal, (ex PSUV), quien en febrero de este año reconoció a Juan Guaidó como mandatario encargado del país y solicitó a la Fuerza Armada Nacional que apoyara el proyecto de transición que lidera.
Carvajal, exdirector de la DIM, fue apresado en España por una solicitud del gobierno de Estados Unidos para procesarlo por tráfico de drogas hacia su territorio. El 28 de mayo se conoció una carta que envió desde ese país para solicitar que se le considere como independiente, tras su salida del PSUV.
La Asociación Civil Súmate denunció que el TSJ y la impuesta ANC han dejado sin representantes en el Parlamento venezolano a los ciudadanos de 11 municipios y siete parroquias del país, que conforman los cuatro circuitos electorales que quedaron sin diputados.
A través de un comunicado, Súmate aseveró que estas medidas han violentado el derecho de 1.275.716 electores que forman parte de los más de 14 millones de venezolanos que eligieron a la actual Asamblea Nacional.
