TSJ en el exilio contrató a un bufete para hablar de las sanciones con EEUU
Los magistrados del TSJ en el exilio se hicieron con los servicios del bufete Bryan Cave Leighton Paisner para hablar con funcionarios de EEUU. Quieren conversar sobre las sanciones y sobre las cuentas, que actualmente están congeladas, que estarían a disposición de Guaidó
Un grupo de jueces venezolanos que componen el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que son afines a Juan Guaidó, reconocido por EEUU y una parte de la comunidad internacional como presidente encargado, contrató a un bufete de abogados con el fin de poder sentarse a conversar con funcionarios estadounidenses sobre las sanciones impuestas por Washington y los efectos que las mismas han tenido en la población.
De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, el bufete Bryan Cave Leighton Paisner fue el elegido por los integrantes del TSJ en el exilio sobre la política de sanciones que les vincula y sobre las «cuentas puestas a disposición del gobierno liderado por Guaidó», dijo el escritorio con sede en EEUU y el Reino Unido.
Esta acción estaría relacionada, además de las sanciones, con los activos de Venezuela en territorio estadounidense como lo es Citgo.
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La firma reveló su trabajo al Departamento de Justicia de EEUU en virtud del cumplimiento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, ya que la labor que están desempeñando se extiende ahora al ámbito político. Los honorarios que Bryan Cave Leighton Paisner está cobrando son el 80% de sus tarifas regulares.
El que estampó la rúbrica en la divulgación fue el socio de la firma Pedro Martínez-Fraga, quien tiene la tarifa más alta de ese equipo legal de unos 1.156 dólares por hora.
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El jueves 29 de octubre de 2020, Los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional electa en 2015 para conformar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y que se encuentran en el exilio desde 2017, mantuvieron la junta directiva nombrada en diciembre de 2019 para ejercer hasta 2022.
De este modo, el magistrado Antonio José Marval fue ratificado como presidente, mientras que Pedro José Troconis continúa como primer vicepresidente y presidente de la Sala de Casación Penal, y Domingo Javier Salgado como segundo vicepresidente y presidente de la Sala Electoral.
Esta contratación del bufete ocurre en un momento donde existen intenciones de reanudar la mesa de negociación en México, donde EEUU respalda a la delegación opositora que representa a Guaidó; inciativa que se suspendió a mediados de octubre de 2021 cuando fue extraditado el empresario colombiano Alex Saab.
El «Movimiento Free Alex Saab», liderado por el comunicador Pedro Carvajalino; la internacionalista Laila Tajeldine, y Roi López, propuso el 16 de agosto su «canje» con algún detenido estadounidense en nuestro país. Sin embargo, expresaron estar abiertos a «cualquier opción» que permita su salida de prisión.
El jefe de la delegación opositora que participó en los diálogos de México, Gerardo Blyde, afirmó el 15 de agosto que existen «altísimas probabilidades» de que esa mesa de negociación se reactive próximamente y cree que el mismo debe enfocarse tanto en el fondo, como lo es el cambio del modelo político y la estabilidad del país, y atender las necesidades urgentes de los venezolanos.
