TSJ aprueba quinta prórroga: decreto de emergencia económica se extiende por 60 días
Con esta nueva extensión, el TSJ avala la quinta prórroga consecutiva al decreto de emergencia económica en el país que tendría validez hasta el mes de agosto
El estado de emergencia económica fue prorrogado nuevamente por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al considerar que el decreto 5.356 emitido por Delcy Rodríguez el 8 de junio está apegado a la Constitución.
La encargada del Ejecutivo prorrogó por dos meses la vigencia del decreto emitido el 8 de abril en el que se declaró el estado de emergencia económica a nivel nacional y que terminaba en junio.
Con esta nueva extensión de 60 días, el TSJ avala la quinta prórroga -desde abril 2025- que debería concluir en agosto.
La decisión fue expuesta en la sentencia 724 de la Sala Constitucional, según reseñó el diario Últimas Noticias.
A propósito de la extensión aprobada en abril -la cuarta consecutiva del estado de emergencia económica- la organización Acceso a la Justicia advirtió que se violan los límites constitucionales, se desnaturaliza el propósito de las medidas de excepción y se genera una grave inseguridad jurídica.
Para la organización, las razones que dieron origen al decreto de emergencia económica han cambiado.
El decreto otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para adoptar decisiones económicas sin control parlamentario como suspensión de tributos, aprobación de operaciones de crédito público y autorización de gastos no previstos en el presupuesto, entre otros.
Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump planteó un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación económica y transición. Según declaraciones del mandatario norteamericano «Venezuela está muy bien» y ha resaltado la importancia de los acuerdos energéticos que se han establecido para el beneficio de ambos países.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
