Tribunal español condena a exministro Ábalos a 24 años de cárcel por caso de mascarillas
Además de Ábalos, el tribunal también condenó al exasesor ministerial Koldo García a 19 años y ocho meses de presión y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio. A este último le suspenden la pena por su colaboración con la justicia
El Tribunal Supremo de España condenó al exministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio- por irregularidades en la compra de mascarillas en el año 2020, durante la pandemia, y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.
Por unanimidad, los siete magistrados que juzgaron el caso imponen asimismo una pena de 19 años y ocho meses de prisión al exasesor ministerial Koldo García -con un máximo de cumplimiento de 15 años-, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas (coimas) lo condenan a cuatro años y medio pero le suspenden la pena.
La condena a Aldama
Esta suspensión, que implica que Aldama no entrará en prisión, está supeditada a que no cometa otro delito, a que presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
La Sala consideró en su sentencia a José Luis Ábalos y Koldo García responsables de delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción.
El más beneficiado fue el comisionista Víctor de Aldama, que confesó el pago de mordidas (coimas) y que no entrará en prisión después de que el Supremo haya suspendido la pena impuesta de 4 años y medio de cárcel a condición de que no cometa otro delito, que presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
En su sentencia, que es firme, el Supremo destacó el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción.
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De coimas en mascarillas al pago de pisos
La Sala consideró probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif -entes dependientes del Ministerio de Transportes que Ábalos dirigía- a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados.
Según la sentencia, Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.
El alto tribunal da por acreditado asimismo que Aldama abonó 10.000 euros al mes a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022.
Además de los contratos de mascarillas, el Supremo condenó a Ábalos por el «enchufismo» en empresas públicas de su expareja Jéssica Rodríguez -en Ineco y Tragsatec- y de Claudia Montes en Logirail; así como el pago del alquiler del piso de la primera por parte de la trama.
El Supremo también consideró delito el alquiler -sufragado por la trama- de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción para disfrute del exministro por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
La colaboración de Aldama, especialmente decisiva
El Supremo impuso a Aldama menos pena de la que pedía la Fiscalía Anticorrupción (siete años) y las acusaciones populares coordinadas por el PP (unos cinco), al aplicarle el atenuante de colaboración.
Una colaboración que la Sala calificó de decisiva para avanzar en la investigación del caso, al tiempo que destacó que el empresario no ha buscado en ningún momento exculparse, sino que ha admitido su participación en los hechos.
El Supremo defendió la necesidad de premiar este tipo de comportamientos para conseguir depurar la corrupción.
Aldama se dispuso a colaborar con la Fiscalía tras poco más de un mes en prisión preventiva por un fraude de hidrocarburos, por el que sigue investigado.
«Espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren», dijo a los medios tras recoger en persona la sentencia que lo condena por organización criminal y cohecho.
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