Transparencia Venezuela demanda rendición de cuentas sobre caso Álex Saab
Transparencia Venezuela denuncia que la sorpresiva entrega de Álex Saab a EEUU expone graves contradicciones en la narrativa oficial, por lo que exige una investigación real y oportuna que responda quiénes aprobaron sus contratos millonarios, quiénes avalaron su nacionalización y designación como ministro, y quiénes ocultaron las acusaciones en su contra
Transparencia Venezuela exigió una investigación sobre las irregularidades cometidas por funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para proteger a Álex Saab.
El empresario colombiano fue entregado a Estados Unidos luego de permanecer detenido durante tres meses en El Helicoide. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió un comunicado informando «la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Álex Naim Saab Morán», y señalándolo de estar incurso en delitos en EEUU «como es públio, notorio y comunicacional».
La ONG señaló que dicha misiva contradice abiertamente numerosos documentos oficiales emitidos en los últimos años, en los cuales se aprecia que Álex Saab había adquirido la nacionalidad venezolana, como lo prueba su cédula de identidad n ° 21.495.350.
«Esto le permitió a Saab ser designado por Nicolás Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional el 18 de octubre de 2024, según figura en el decreto presidencial número 5.021, aparecido en la Gaceta Oficial extraordinaria número 6.846. El artículo 35 de la Constitución establece claramente que la nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley», indica el reporte de la organización.
Además, la organización civil recordó que ninguna autoridad ha informado que a Saab se le haya revocado la ciudadanía ni bajo cuál argumento. La Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, en su artículo 48, establece ocho causales por las cuales la nacionalidad por naturalización se puede revocar y, entre ellas, figura ejecutar y colaborar «directa o indirectamente, la realización de actos contrarios a los intereses, de cualquier índole, de la República» o cuando se haya adquirido «en fraude a la ley».
El comunicado del Saime tampoco se refiere a la supuesta condición de diplomático que ostentaba Álex Saab. Para cuando fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro sostuvo que era un diplomático y que, por tanto, su detención y procesamiento constituían una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
«Aunque no hay claridad al respecto, se puede asumir que la inmunidad y protección que Saab gozaba por sus cargos en el Gobierno venezolano concluyeron una vez que la presidenta encargada Delcy Rodríguez lo despidió como ministro a los días de los sucesos del 3 de enero, cuando Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron arrestados por fuerzas militares estadounidense», indica Transparencia Venezuela.
La ONG cuestionó la calificación de «deportación» usada por el Saime, pues ese proceso implica el retorno al país de origen, Colombia, y no la entrega a un tercer Estado. En el caso de Álex Saab no hay sentencia pública de extradición en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia. El sábado 16 de mayo, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo recibió en Miami, Florida.
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De igual modo, Transparencia Venezuela resaltó las contradicciones en la narrativa oficial. Durante años, el poder presentó a Álex Saab como «enviado especial» y «héroe». Obtuvo del Estado venezolano contratos para la construcción de 25.000 viviendas, para la importación de millones de cajas con alimentos para los CLAP, la venta de oro y hasta en el sector petrolero. Y ahora, las mismas autoridades venezolanas aseguran que Saab está «incurso en la comisión de diversos delitos».
«Mientras Álex Saab enfrenta, nuevamente, a la justicia en EEUU., en Venezuela deben investigarse a quienes tomaron las decisiones a su favor durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Quiénes les aprobaron contratos millonarios, quiénes aprobaron su nacionalización, quiénes avalaron su designación como ministro y quién ocultó o ignoró las acusaciones en su contra?», increpa la ONG.
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