Transparencia Venezuela: 36 tanqueros furtivos rondaron puertos petroleros venezolanos
La organización documentó que en el mes de julio, 24 embarcaciones no mostraron sus identificadores marítimos y al menos 12 fueron catalogadas como tanqueros “furtivos” por firmas internacionales de riesgos navieros
La llegada de 92 buques petroleros a los puertos venezolanos durante julio de 2025, muchos de ellos operando de manera clandestina al apagar sus sistemas de rastreo, ha generado fuertes preocupaciones sobre el desvío de fondos públicos y la opacidad en la comercialización del crudo nacional, según un informe publicado por Transparencia Venezuela.
La organización documentó que, en ese mes, 24 embarcaciones no mostraron sus identificadores marítimos y al menos 12 fueron catalogadas como tanqueros “furtivos” por firmas internacionales de riesgos navieros. Además, varios buques alternaron el encendido y apagado de sus sistemas de rastreo, dificultando el monitoreo del tráfico marítimo.
El reporte advierte que estas maniobras incluyen el uso de banderas de conveniencia, predominando registros en países como Panamá, Islas Comoras, Guinea, Islas Marshall y Liberia. Entre ellas, una docena de embarcaciones han sido identificadas por “spoofing”, una práctica que falsea la información de ubicación e identidad, lo que complica la supervisión internacional.
El escenario se agrava con la presencia de embarcaciones sancionadas por la OFAC, como el Rosalin (San Tomé y Príncipe) y el María Cristina (Cuba), además de un buque vinculado a la llamada “flota oscura” rusa, el Bandra o Sensus, con doble identidad.
En cuanto a los destinos de exportación, los registros señalan operaciones hacia China, Cuba, Países Bajos y Rusia, con al menos cinco maniobras de trasiego de carga (ship-to-ship) realizadas en la bahía de Amuay, estado Falcón. En dichas operaciones participaron hasta 24 embarcaciones sin señales activas, lo que apunta a una red coordinada para evadir controles internacionales.
Transparencia Venezuela alerta que este panorama expone un alto riesgo de corrupción y desvío de recursos públicos, recordando que entre 2019 y 2023 Pdvsa perdió el control de sus intermediarios, acumulando cuentas por cobrar de unos USD 16.960 millones, de los cuales se desconoce cuánto ingresó finalmente a las arcas públicas.
El informe resalta que, aunque el petróleo sigue siendo el principal sostén económico de Venezuela, el monopolio estatal ha fomentado prácticas de corrupción y opacidad en un contexto de inflación acumulada del 229% hasta mayo y una depreciación del bolívar de 57,25% en 2025. Mientras fuentes independientes proyectan una contracción económica del 4%, el gobierno de Nicolás Maduro reportó ante la OPEP un aumento en la producción de 1.084.000 barriles diarios en julio, cifras que contradicen la realidad de las restricciones.
Finalmente, la ONG señala que la licencia otorgada a Chevron a finales de julio podría abrir espacio para operaciones más transparentes, aunque su alcance y la eventual participación de otras compañías internacionales aún dependen de decisiones políticas y regulatorias en suspenso.
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