Suprimo Tribunal de Justicia, por Teodoro Petkoff
Lo que ha hecho la mayoría oficialista con la Ley del Tribunal Supremo de Justicia en la sesión en la cual fue definitivamente aprobada desborda los límites del abuso de poder, de la arrogancia y del más absoluto desprecio por la opinión pública. Ya ni siquiera hay preocupación por ajustarse la hoja de parra. No habiendo bastado con el modo francamente escandaloso como comprimieron casi 150 artículos en 23, para poder aprobarla a tambor batiente y marcha forzada, una vez remitida la Ley a la Comisión de Política Interior para el mero trámite de la redacción final, se produjeron nuevas y numerosas alteraciones de su texto de modo absolutamente irregular.
Ya es sabido que esa ley persigue, entre otros objetivos, aumentar de 20 a 32 el número de integrantes del TSJ, a fin de asegurar para el oficialismo el control absoluto del organismo, metiendo en él a 12 magistrados adicionales cortados por el patrón de Iván Rincón o Luis Martínez. Puro yes men, o sigüi en criollo. Adiciones que podrían hacerse, contrariando el texto constitucional, que establece dos tercios de mayoría para ello, por la mitad más uno de los diputados de la AN.
De ñapa, los magistrados están colocados en permanente estado de sospecha y su eventual destitución es tan fácil como pelar mandarinas. De modo que cualquier desatención a la Voz del Amo se pagará ipso facto, con la pérdida de la chamba, con sus 12 millones mensuales y 18 meses al año, amén del infinito poder de chapeo que deriva del carguito. Pero, no satisfechos con esto, los contrabandistas legislativos, metieron otro alijo. Comencemos por el más trivial pero también el más lambucio. En el texto ya aprobado se establecían incompatibilidades entre la condición de magistrado y la consanguinidad o afinidad tanto con otros magistrados del TSJ como con el Presidente de la República, con el Vice, con los ministros, con el fiscal, el defensor del pueblo y con «los diputados o las diputadas a la Asamblea Nacional». Lo de «los diputados y diputadas» fue suprimido en la redacción final. El cambio tiene un nombre: el del actual magistrado Carlos Oberto Vélez, esposo de la diputada Nohelí Pocaterra, quien de este modo podrá conservar su condición. La «revolución» se nos torna cada día más inmoral.
La modificación pirata más gruesa de todas, es la que consagra a la Sala Constitucional como un Super Tribunal. Todos los poderes le han sido entregados. Las demás son de adorno y la Sala Plena, que en sana lógica debería ser la cúpula del TSJ, pues reúne a todos los magistrados, prácticamente desaparece. Lo que fue aprobado inicialmente, que ya era suficientemente burdo y grosero, ahora ha sido rematado sin siquiera fingir un debate. ¿Rincón y su combo emitirán aunque sea un gemido?
