Sundde obligó a comercios a vender productos con precios controlados a casi 40.000 familias
La Sundde fiscalizó 233 fiscalizaciones y 166 inspecciones en el país durante la semana flexible del 15 al 21 de marzo
El gobierno de Nicolás Maduro continúa con su política de control de precios. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó, este martes 23 de marzo, que durante la semana de cuarentena flexible del 15 al 21 de marzo funcionarios del ente regulador y de cuerpos de seguridad realizaron 233 fiscalizaciones y 166 inspecciones en el país y que «favorecieron» a 39.900 familias.
En una nota de prensa publicada en su página web, la Sundde indica que «el despliegue fue realizado en supermercados y farmacias del país, luego de que la Sundde detectara precios especulativos en alimentos de la cesta básica y medicinas, aplicando la medida preventiva tipificada en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), ajustando los montos de los rubros».
Señala que «el ente regulador de precios abordó la tienda por departamento Beco y la red de farmacias Farmahorro, entre otros comercios, para evitar que se siguieran cometiendo los presuntos delitos de infracción por incumplimiento de formalidades, condicionamiento y especulación, estipulados en los artículos 46,49 y 56 de la LOPJ».
*Lea también: Gobierno ha tomado más de 400 medidas contra empresas en lo que va de 2021
Durante las fiscalizaciones, fueron verificados los precios de los alimentos de los 27 «priorizados», el precio máximo de venta al público de los distintos rubros y la publicación de la tasa oficial cambiaria establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), para las transacciones en moneda extranjera de aquellos usuarios que pagaron con divisas.
La Sundde también inspeccionó una universidad y 12 clínicas privadas. Agregó que los operativos «también contaron con la participación de Sencamer, quien se encargó de supervisar el sistema de pesaje para evitar distorsiones económicas, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), la policía nacional y estadal».
Si bien es cierto que desde 2019 la administración de Maduro ha relajado el control de precios luego de 16 años de constantes ataques contra el sector privado, la realidad es que ni lo ha desmontado ni ha dejado de aplicarlo. Los instrumentos que sustentan las medidas, como la Ley de Precios Acordados, aprobada por la asamblea constituyente en 2017, no han sido derogados; y basta con revisar las redes sociales de los entes reguladores para ver que siguen activos y que todos los días anuncian nuevas acciones contra empresas y comercios. Una realidad que contradice lo que el Ejecutivo ha pregonado en lo que va de 2021 sobre una supuesta disposición a dialogar y reconciliarse con el sector privado.
El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad registró 420 medidas contra el sector privado desde enero hasta el 17 de marzo de 2021, de las cuales 403 fueron fiscalizaciones y 17 normativas regulatorias. El sector de la economía nacional más afectado fue el comercio, con 340 medidas, seguido del farmacéutico, con 55 medidas.
La socióloga Ana Carrasquero, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, sostiene que, contrario a lo que se puede pensar por las flexibilizaciones, Venezuela no está frente a un proceso de liberalización de la economía. «Los controles se mantienen y son usados a conveniencia y discrecionalidad del poder, que ha abierto ciertos compases de flexibilización que responden a sus propias necesidades».
