Shock hiperinflacionario, por Marino González
Autor: Marino González
El año 2018 comienza con el país sumido en la hiperinflación. Por primera vez en la historia de Venezuela un fenómeno tan destructivo se ha apoderado de la psiquis colectiva. Desde octubre de 2017 la hiperinflación se ha instalado con toda su fuerza en la sociedad. Más de tres décadas de vivir con altas tasas de inflación contribuyeron a la creencia de que se podía tolerar la destrucción sistemática de la moneda. Desde 1996 la tasa de inflación del país ha sido superior a la tasa de inflación promedio del mundo, y también a la tasa de inflación promedio de los países de América Latina.
Los venezolanos incorporaron en sus prácticas cotidianas que el aumento de los precios (algunas veces por encima de 100% en un año) no era un fenómeno extraño. Dado que la economía experimentaba tasas de crecimiento, aunque no en todos los años, se tenía la impresión de que la inflación se podía encubrir. Cuando en casi todos los países de la región se habían alcanzado tasas de inflación de un solo dígito, los venezolanos coexistían en una economía con tasas entre cinco y diez veces superiores (entre 20 y 30% anual de tasa de inflación). La política monetaria pareciera haber establecido ese límite, es decir, aceptar una tasa de inflación muy superior a la deseable.
En los últimos cuatro años la situación ha sido mucho peor. Las potestades constitucionales del BCV para controlar la oferta monetaria ya no existen en la práctica. Con una economía en total contracción desde 2014 y sin mayor restricción de la creación de moneda, los efectos están a la vista. Venezuela experimenta la segunda hiperinflación del siglo XXI, la primera en un país petrolero sin guerra civil, la primera en América Latina desde hace casi treinta años. No hay palabras para describir un desastre de estas dimensiones.
Los pronósticos de especialistas nacionales e internacionales indican que en los primeros meses de 2018 la hiperinflación puede ser aún mayor a la tasa de 60% registrada en noviembre pasado. Es decir, que los incrementos para los ciudadanos se presentarán en proporciones nunca vistas en el país. Las consecuencias para la compra de bienes de primera necesidad, especialmente alimentos y medicamentos, así como servicios, artefactos, piezas de vehículos, útiles en general, implicará en la práctica una caída aún mayor de la actividad productiva. No es exagerado imaginar una progresiva paralización de las actividades fundamentales del país.
Esta dramática situación encuentra al gobierno concentrado en la supervivencia. Toda la información oficial está dirigida a eludir las tremendas angustias de los venezolanos ante el alza indetenible de los precios. Para el gobierno, aceptar la realidad de tener una tasa de inflación superior a 2.000%, es sencillamente impensable. Peor aún, las prácticas del gobierno solo contribuyen a complicar la situación. La estrategia del gobierno es contingente con el escenario electoral. El diferimiento de medidas económicas será lo esperable.
Los actores políticos alternativos se encuentran también presionados por la coyuntura electoral. Las demandas por parte de ellos para que el gobierno asuma la responsabilidad en la génesis de la hiperinflación, así como la exigencia de un programa de estabilización, no están en este momento en su agenda de acciones. En consecuencia, de manera más creciente la población apreciará que sus contingencias cotidianas, expresadas solo en la preocupación de lidiar con una hiperinflación que arropa, no tienen expresión pública. Todo ello agravará la sensación de desprotección.
En la medida que la hiperinflación se exacerba, las restricciones sobre el futuro del país se harán más notables. La hiperinflación está colocando de manera muy visible las limitaciones de la viabilidad del país. Y dentro de estas limitaciones están las debilidades de los liderazgos para comprender la situación crítica y los riesgos involucrados. Podría decirse que ya la hiperinflación se ha convertido en asunto de Estado. Solo la conciencia de las dimensiones del descalabro y los acuerdos políticos y sociales que conduzcan a un programa de estabilización, en el marco de una nueva estrategia de desarrollo, podrán evitar a los venezolanos la prolongación de esta espiral de destrucción.
