Sentencian a 25 años de prisión a hombre que prostituyó a 33 venezolanas en Dominicana
La justicia domincana ordenó pagar unos 9.200 dólares a cada una de las venezolanas afectadas como indemnización, así como el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles que les fueron incautados a los acusados durante el proceso de investigación
La Procuraduría General de República Dominicana informó este jueves que un tribunal de la nación centroamericana condenó a 25 años de prisión a un ciudadano dominicano-estadounidense por prostituir a 33 venezolanas en un centro de diversión desmantelado en junio de 2018 durante un operativo en Santo Domingo.
Según ese organismo, es la primera condena a pena máxima, -25 años de reclusión- por un caso de trata de personas que se emite en el Distrito Nacional, centro de la capital de la República Dominicana.
También fue condenada a 20 años de prisión Ángela Isaura Campusano Santos, empleada del citado establecimiento.
Además, la justicia ordenó pagar unos 9.200 dólares a cada una de las víctimas como indemnización, así como el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles que les fueron incautados a los acusados durante el proceso de investigación.
*Lea también: Pdvsa produce menos de 900 mil barriles diarios de petróleo, según sindicalista
La acusación señala que Guerra Rodríguez utilizaba el centro que dirigía para desarrollar actividades de trata de personas con fines de explotación sexual, en perjuicio, especialmente, de venezolanas.
Según el expediente, el sujeto facilitaba el traslado de las extranjeras, a las que explotaba sexualmente, “aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad, con restricción de su libertad y utilizando coacción en su contra”, valiéndose de contactos en nuestro país para ofrecerles trabajar en una discoteca, pero luego las explotaba sexualmente, informó EFE.
En su informe de 2019 sobre tráfico de personas, Estados Unidos mantuvo a Venezuela en su “lista negra” al considerar que el régimen de Nicolás Maduro no ha tomado las medidas necesarias para perseguir judicialmente a los traficantes de personas que se aprovechan de los venezolanos en el interior del país y en el exterior.
