Según Rodríguez, precios acordados inexistentes permiten acceso a bienes y servicios
La funcionaria, además de traer a colación los olvidados precios acordados, garantizó que el sector comercial había registrado un incremento del 86% a los niveles de 2020, utilizando como punto de referencia un año en el que la actividad comercial se paralizó debido a la cuarentena impuesta para prevenir la covid-19 y el posterior esquema 7+7 que ordenaba el cierre de los comercios cada semana
Defendiendo la existencia de un «milagro económico», el chavismo celebra indicadores macroeconómicos mientras omite otras cifras que denotan el deplorable estado de la economía nacional.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez participó en una reunión con la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), una semana después de que Nicolás Maduro revelase que solicitó al gremio una sección especial en los locales de autoservicio para la comercialización de productos elaborados por emprendedores.
En esta reunión ofreció algunos indicadores positivos de la economía venezolana, mientras que omitió todos los números negativos y el contexto de una caída generalizada desde hace casi una década que hacen imposible el hablar de un «milagro» de la economía solo por crecer tímidamente.
La funcionaria se ufanó al garantizar que el sector comercial había registrado un incremento del 86% a los niveles de 2020, utilizando como punto de referencia un año en el que la actividad comercial se paralizó debido a la cuarentena impuesta para prevenir la covid-19 y el posterior esquema 7+7 que ordenaba el cierre de los comercios cada semana.
Destacó también el crecimiento de la recaudación tributaria interanual de abril de 2021 al mismo mes de 2022, argumentando que este crecimiento es sinónimo de una mayor actividad comercial y a su vez una recaudación más importante para el país.
Con este contexto y presumiendo del manejo que le ha dado el chavismo a la economía desde la aplicación de las sanciones de Estados Unidos —a juicio del oficialismo causantes de la crisis económica—, la vicepresidenta se enorgulleció del incremento salarial a Bs 126 y Bs 45 de bono alimenticio ($37,5 en total).
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Según la también ministra de Economía, entre el nuevo salario y la política de precios acordados implementada por el Gobierno, la población venezolana garantiza el acceso a bienes y servicios, lo que explica el incremento del consumo y de la actividad comercial.
«Hemos logrado una política de precios acordados en los últimos años. Eso nos ha permitido el diálogo con el sector de comercio. El Consejo Nacional de Eeconomía ha establecido puentes importantes para que los precios sean acordados y que permitan que la población pueda acceder a los bienes y servicios que circulan en el país», declaró.
Sin embargo, los precios acordados son más bien un recuerdo del pasado, cuando el Gobierno intentaba regular el valor de los bienes y servicios del país e imperaba la escasez y el desabastecimiento, además del mercado negro que revendía los artículos regulados.
Lo que ha experimentado la economía desde 2019 es un proceso radicalmente opuesto a la regulación. No en vano, la Canasta Alimentaria Familiar medida por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) se encareció un 32% en el último año y alcanzó en abril un precio de $381.
Esto quiere decir que un venezolano que cobre el salario mínimo que el chavismo se enorgullece de haber incrementado, necesitaría al menos 10 pagos para adquirir los productos básicos e imprescindibles para alimentar a su familia.
Los «precios acordados» no garantizan el acceso a la cesta alimentaria bajo ningún concepto y ni siquiera el sector privado puede pagar salarios mínimos que cubran la canasta.
