Sebastián Piñera viajará en mayo a la CPI para ver cómo va la demanda contra Maduro
En mayo de 2018, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, había solicitado a la CPI abrir un proceso contra el gobierno de Nicolás Maduro
El gobierno de Chile informó el 23 de abril que el presidente de esa nación, Sebastián Piñera, tiene previsto viajar a Holanda a mediados de mayo con el fin de monitorear cómo va la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional contra el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Piñera tiene previsto reunirse en La Haya con el presidente de la CPI, Chile Eboe-Osuji, y la fiscal Fatou Bensouda, quien es la encargada de revisar el caso de Maduro. También se estima que el mandatario chileno visite la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, según refiere el diario La Tercera.
La Corte Penal Internacional actualmente se encuentra haciendo un examen preliminar del proceso contra Maduro, que se inició en septiembre de 2018 luego de que Chile, Colombia, Argentina, Perú, Paraguay y Argentina acudieran a esa instancia para denunciar al Gobierno de Maduro por cometer supuestos de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela.
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Estas acciones formaron parte de las decisiones que tomó el Grupo de Lima para buscar hacer justicia en la región, argumentando sus acusaciones en supuestos acometimientos de asesinatos, desaparición forzada, tortura, violación y detención forzada.
A esta petición se sumó posteriormente Francia, Alemania y Canadá.
Ya en mayo de 2018, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, había solicitado a la CPI abrir un proceso contra el gobierno de Nicolás Maduro por estos supuestos crímenes cometidos.
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Remitió a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, el informe presentado por un grupo de expertos que él mismo designó y que concluye que Maduro, miembros del Gobierno de Venezuela y de sus Fuerzas Armadas han cometido este tipo de crímenes con la “intención política” de ejercer el “control social” sobre el pueblo.
Como el informe fue entregado a título personal, instó a varios países de Latinoamérica a respaldar la denuncia ante dicha Corte.
