¿Sanciones de la Unión Europea impiden acceso a medicinas y alimentos, como dijo el CNE?
Es falso que las sanciones de la Unión Europea hayan impedido el acceso de Venezuela a medicinas y alimentos y en consecuencia la salud de niños y ancianos se haya visto afectada, como indicó el Consejo Nacional Electoral en el comunicado en el que revoca la participación de la UE como observadores en las elecciones presidenciales del 28 de julio
Texto: Ligia Perdomo
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió el 28 de mayo un comunicado en el que revoca la invitación a observadores de la Unión Europea para el proceso comicial del 28 de julio, en el que el presidente Nicolás Maduro aspira su reelección. Entre los argumentos esgrimidos por el organismo electoral, se encuentra que la salud de niños y ancianos se ha visto afectada «producto de las sanciones de la Unión Europea, pues impiden el acceso a medicinas y alimentos». Pero la información es falsa.
Uno de los párrafos de la comunicación –disponible en la página web del CNE–, expresa lo siguiente:
Es un hecho público, notorio y comunicacional que el día 13 de mayo del presente año, la Unión Europea en su posición histórica colonialista ratificó las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas al digno pueblo de Venezuela, situación que atenta contra sus habitantes, la soberanía e independencia de nuestra Nación.
Como consecuencia de ello, el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la Unión Europea para que participara a través de una Misión de Veeduría Electoral, en la elección del cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, decisión adoptada en ejercicio de nuestra soberanía e intereses del pueblo.
Toda la Comunidad Internacional conoce del incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, afectando la salud de niños y ancianos producto de las sanciones de la Unión Europea, pues impiden el acceso a medicinas y alimentos. Igualmente, afectan la educación, el deporte y la economía, en este último caso restringiendo a los empresarios la adquisición de materia prima e insumos que necesita la industria nacional, limitando además el ejercicio del principio de libertad económica y su contribución al desarrollo nacional.
No es cierto que las sanciones de la UE hayan afectado la importación de medicinas y alimentos, ya que se trata de medidas individuales impuestas en 2017, que se han ido renovando en el tiempo. Comenzó con una lista de siete funcionarios venezolanos y al 30 de mayo de 2024 ya incluye a 50.
Estas medidas recaen sobre funcionarios o exfuncionarios vinculados al gobierno de Nicolás Maduro, por “las acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos” y no implican restricciones a la actividad económica venezolana.
Las sanciones –hasta el 13 de mayo– recaían sobre 54 personas vinculadas al gobierno de Maduro, pero en un gesto de buena voluntad, justo cuando vencía la renovación más reciente, la Unión Europea levantó las sanciones contra cuatro funcionarios relacionados con el ente rector electoral hasta el 10 de enero de 2025. Los beneficiados con la medida son Elvis Amoroso (presidente del CNE), Xavier Moreno Reyes (ex secretario general del organismo), Socorro Hernández y Leonardo Morales (exdirectivos).
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En un comunicado publicado el mismo 13 de mayo, Amoroso rechazó «categóricamente las pretensiones de la Unión Europea de coaccionarme al igual que al Poder Electoral tratando de aparentar ante la opinión pública internacional que están procediendo al levantamiento de las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela».
Amoroso indicó que sería desleal aceptar la medida de la UE que solo lo beneficiaba a él y «dejar a los 30 millones de venezolanos afectados por las sanciones y bloqueos impuestos por la Unión Europea y otros pequeños grupos de países enemigos de nuestra nación cuando lo correcto es levantar la totalidad de las sanciones al pueblo venezolano».
Sin embargo, las sanciones de la UE no afectan a la ciudadanía ni a la actividad económica como lo hace ver en la comunicación del 13 de mayo (y en la del 28 de mayo) al señalar el supuesto daño causado «a niños, jóvenes, adultos y ancianos que miles de ellos han fallecido por el bloque impuesto que ha impedido el acceso a las medicinas para pacientes con cáncer, diabéticos, entre otras patologías. Así como también ha impedido la adquisición de vacunas y equipos médicos para garantizar la vida de dichos pacientes».
Peter Stano, portavoz jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, respondió a Amoroso diciendo que durante la revisión regular de las sanciones los Estados miembro decidieron levantar temporalmente las sanciones a Amoroso y otros tres exfuncionarios del Poder Electoral en un gesto que buscaba garantizar el desarrollo de unas elecciones «inclusivas y competitivas».
Amoroso mezcló las sanciones de la UE con las de los Estados Unidos que sí han afectado la economía por las restricciones impuestas a actividades auríferas y petroleras, por ejemplo.
Las sanciones de la UE (incluye el veto a la venta de armas y equipos destinados a la represión interna) para los 50 funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Nicolás Maduro solo está referida a prohibir los viajes a cualquiera de sus países miembro, así como a la congelación de bienes en esas naciones.
El 28 de mayo, la UE emitió un comunicado en el que lamenta la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la invitación de su Misión de Observación Electoral (MOE-UE) para las elecciones presidenciales del 28 de julio
