Sanciones de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional amenazan la Justicia universal
Durante más de dos décadas, el tribunal se ha enfrentado a la impunidad y ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la rendición de cuentas sigue siendo posible
La coacción y las sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) son «ataques contra los principios mismos del derecho internacional», advirtió el martes 11 de noviembre, Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU.
La declaración de Annalena Baerbock se produjo mientras la asamblea debatía el informe anual de la Corte Penal Internacional a la luz de las sanciones impuestas este año por Estados Unidos a jueces y fiscales.
Las sanciones se derivan de una orden ejecutiva de febrero en respuesta a la emisión por parte del tribunal respaldado por la ONU de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, como presuntos autores de crímenes de guerra en Gaza.
Las sanciones pueden incluir el bloqueo del acceso financiero a propiedades o activos en Estados Unidos, así como la prohibición de viajar.
Baerbock recordó que el tribunal se fundó sobre el principio de que «la justicia es un deber universal», pero que su tarea sigue sin cumplirse.
«Durante más de dos décadas, el tribunal se ha enfrentado a la impunidad y ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la rendición de cuentas sigue siendo posible», afirmó. «Sin embargo, hoy, mientras somos testigos de atrocidades que siguen conmocionando la conciencia de la humanidad, es evidente que la misión del tribunal está lejos de haberse cumplido».
Ataques deliberados contra la Corte
Baerbock destacó la importancia de la cooperación internacional para las investigaciones, las detenciones y la ejecución de órdenes judiciales, así como la necesidad de independencia como garantía para asegurar que los crímenes sean juzgados en virtud del Estatuto de Roma, el tratado internacional que fundó la Corte.
Sin embargo, subrayó que la Corte no ha estado libre de interferencias.
«Se ha sancionado a funcionarios de la Corte por defender el estado de derecho y exigir responsabilidades, y sus sistemas han sido objeto de ciberataques destinados a socavar la credibilidad de la Corte», afirmó Baerbock.
«No se trata de incidentes aislados, sino de ataques deliberados contra la Corte con el objetivo de debilitar el estado de derecho y erosionar la confianza en las instituciones internacionales».
Poner fin a la «intimidación»
Una resolución presentada a la Asamblea General subraya que los funcionarios de la Corte deben poder desempeñar su mandato «sin intimidación» y «condena cualquier amenaza, ataque o injerencia contra la Corte, su personal o quienes cooperan con ella».
La presidenta del tribunal, la jueza Tomoko Akane, dijo a los delegados que las sentencias del tribunal recuerdan a la comunidad internacional que la justicia «trasciende las fronteras y los intereses», pero que cuando «los jueces son presionados, amenazados o socavados, se debilita la credibilidad del propio derecho internacional».
«Los ataques, las amenazas y las medidas coercitivas contra la Corte y sus funcionarios han persistido y siguen representando una grave amenaza para la administración de justicia por parte de la Corte y la lucha mundial contra la impunidad», añadió.
Decisiones, reparaciones
Akane describió los logros y los retos a los que se enfrenta la Corte y pidió a los Estados miembros que defiendan el sistema jurídico internacional.
Mencionó algunos casos clave ante la Corte, entre ellos los de personas acusadas de delitos graves en Sudán, Afganistán e Israel, pero recordó que las órdenes de detención solo pueden ejecutarse con la cooperación de los Estados.
Durante el año transcurrido hasta agosto, más de 18.000 víctimas han participado en casos ante el tribunal.
«La Corte da voz a las víctimas, un espacio para contar sus historias y la esperanza de que se reconozca la verdad y se establezca la responsabilidad», dijo Akane antes de subrayar que las reparaciones son una parte integral de los procedimientos.
Se refirió al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, creado por los miembros de la Corte, como una herramienta que ha dado resultados tangibles, por ejemplo en Uganda, donde casi 50.000 víctimas recibieron reparaciones económicas por los crímenes de guerra cometidos contra ellas.
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Caso Venezuela
En la Corte Penal Internacional, cursa la investigación sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos presuntamente por funcionarios de la administración Maduro, conocido como Venezuela I.
En mayo, el Instituto Casla denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que desde la administración Maduro se ejerce el terrorismo de Estado y pidió a la Corte Penal Internacional tomar acciones urgentes, tales como órdenes de captura contra los responsables de crímenes de lesa humanidad registrados en el país.
«La Corte Penal Internacional debe actuar con urgencia, ante tantos elementos presentados y acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso si ocupan cargos de poder», expuso la abogada.
En ese momento, el entonces secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró a NTN24 que la CPI «ya tiene elementos suficientes como para inducir actos de procesamiento para la cadena de mando del régimen venezolano» así como la orden de captura correspondiente «en función de esos crímenes de lesa humanidad».
En septiembre, cuatro venezolanos realizaron una huelga de hambre en La Haya para exigir respuestas en la investigación que se sigue en el caso de Venezuela. La protesta fue levantada siete días después, tras una reunión con funcionarios de la Corte Penal Internacional en la que se les informó sobre el seguimiento al caso de los presos políticos en el país.
En la reunión se les informó que la Fiscalía de la CPI continúa trabajando en la investigación de las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro y sus colaboradores.
«Se nos confirmó que la Fiscalía y la CPI continúan avanzando en sus investigaciones. Se reconoció nuestro reclamo legítimo y seremos incorporados a canales existentes para garantizar que las voces de todas las víctimas sean escuchadas», dijo Laura Angélica García, una de las huelguistas.
Con información de Naciones Unidas
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
