Salta y se ensarta, por Teodoro Petkoff
Como ya es de público conocimiento, Chávez anunció que va a retirar la ley Getsapo (como con su proverbial ingenio la bautizara Weil, nuestro «editorialista» gráfico), prometiendo nombrar una comisión para revisarla y modificarla en aquellos aspectos que, en sus propias palabras, «generan temor». En dos platos, dio un paso táctico hacia atrás, como hiciera anteriormente con el «currículo bolivariano», con el sistema de admisión en las universidades, con la Ley de Pesca, con el pasaje del transporte urbano, con las tarifas del canal 8 para las televisoras comerciales; medidas todas que, en su momento, levantaron una polvareda al ser presentadas al país.
Objetivamente vistas, se trata, sin embargo, de decisiones que parecieran salir al encuentro de las serias reservas y del rechazo que en cada caso mostró tanto el mundo político como la sociedad civil. Por lo mismo, objetivamente vistas, son también batallas ganadas por estos sectores, que reaccionaron con determinación ante los finteos neo-totalitarios. En un plano más especulativo, podría pensarse que el jefe del PSUV no quiere olas en esta campaña electoral y cada vez que percibe la posibilidad de que decisiones gubernamentales puedan provocar polémica y movilización contra ellas, se apresura a desmontarlas. Lanza globos de ensayo y si tropieza con una resistencia que pudiera alimentar la campaña electoral de sus adversarios, echa hacia atrás. Ya conocemos suficientemente al personaje como para no saber que con él todo es «por ahora. La posibilidad de que esos temas espinosos sean replanteados por el gobierno dependerá de los resultados de las elecciones de noviembre. Si le va bien, vuelve con todos los hierros, incluyendo el tema de la reelección indefinida. Esta vez Chávez está consciente de que no se trata de una competencia ganada de antemano y, por ello, está hilando fino y no simplemente lanzando sus tanques electorales contra la oposición.
Mas, en todo caso y por las razones que fueren, esta sensibilidad casi sismográfica ante la opinión pública conduce a plantear otra materia que debe ser urgentemente revisada y a la cual no debería ser ajeno el presidente. Se trata de la facultad del contralor para conculcar los derechos políticos de los ciudadanos; las famosas inhabilitaciones. A medida que avanza la campaña electoral, se percibe cada vez más claramente la naturaleza monstruosa de una ley que permite al gobierno eliminar opositores electorales potencialmente ganadores mediante un perverso artilugio administrativo, que depende de una sólo persona y sin que medie decisión judicial alguna. La interpretación que viene haciendo el gobierno del artículo 105 de la Ley de Contraloría es realmente aberrante y comienza a escandalizar también a la opinión pública internacional. Este chichón se está hinchando.
