Saab y Arreaza montaron informe paralelo para rebatir Misión de la ONU
Según el canciller Jorge Arreaza, el 85% de las fuentes reflejadas en el informe de «esta supuesta Misión son secundarias», y nombró los casos de Juan Requesens y Leopoldo López
El régimen de Nicolás Maduro continúa en su campaña contra el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, publicado el pasado 16 de septiembre, y presentó un documento llamado «La Verdad de Venezuela contra la infamia» para desestimar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país.
Desde la sede del Ministerio Público, el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, y el canciller Jorge Arreaza dijo que «somos los responsables de investigar y sancionar cualquier forma de violación a los derechos humanos», y por ello su informe «es necesario e importante, porque dará para otra narrativas con base en la realidad. Con acciones judiciales, acusaciones, imputaciones y sanciones contra violadores de derechos humanos».
Saab aseveró que el informe de la Misión busca «dinamitar e implosionar» el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y reiteró sus acusaciones del pasado 19 de septiembre de que fue un documento «pagado por el Grupo de Lima».
El fiscal impuesto por la ANC dio nuevamente datos que ofreció la rueda de prensa del sábado 19 con respecto a funcionarios detenidos, acusados y sentenciados por violaciones a derechos humanos. «Ni siquiera por cortesía, este grupo de tres personas dirigió una sola comunicación para indagar sobre casos que vía telepaticamente, pero ya vemos cuál fue la fuente, vía redes sociales (…) por eso esto está plagado de errores».
Este informe de la Misión de Determinación de Hechos sirvió de base a un diálogo interactivo de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante su 45 jornada de sesiones, donde varios países pidieron que se realicen investigaciones internacionales.
También se refirió a la presentación del informe realizada por la jefa de la Misión de Dterminación de Hechos, Marta Valiñas. «Dice que en la Masacre de Barlovento hay 5 personas desaparecidas que siguen sin ser encontradas. ¿Pudiese darnos los nombres? Ella se refiere a un caso que ha sido judicializado, que tiene funcionarios 2 condenados por admisión de los hechos a más de 22 años de prisión, y 10 exfuncionarios militares en juicio por los graves delitos cometidos».
Ella dice que «hay motivos razonables para creer», insistió Saab. «Esto no existe en el derecho internacional público, esto no existe en la lucha por los derechos humanos. No, en esto hay que tener certeza, veracidad, fuentes, hallazgos, no un motivo. Menos cuando se revela que el 80% de las fuentes utilizadas para este informe son redes sociales, medios cartelizados contra el Estado o bots y cuentas recientes».
Por su parte, Jorge Arreaza también reiteró sus señalamientos contra el informe de la Misión, y justificó las acciones en el marco de las protestas de 2014 y 2017 porque «fueron protestas insurreccionales, pagadas desde el exterior para derrocar al gobierno. y bajo ese marco se actúo. En ese contexto de guerra no convencional contra Venezuela, el Estado ha actuado con fuerza contra aquellos efectivos que cometieron excesos en las protestas».
Según Arreaza, el 85% de las fuentes reflejadas en el informe de «esta supuesta Misión son secundarias», y nombró los casos de Juan Requesens y Leopoldo López, pues las fuentes fueron «redes sociales y medios informativos digitales. No fueron capaces de pedirles información a la Oficina de la Alta Comisionada».
Esto es descontentualizar y refugiarse en una excusa de forma, que no se les dio ingreso, prosiguió el canciller. «Eso no es así. Venezuela no le da validez a esa resolución de países que no reconocen al nuestro, como al Grupo de Lima. No podemos trabajar con ellos, así que por favor, dirijanse a la Oficina de la Alta Comisionada».
Mientras que el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, dijo que a pesar de la pandemia han atendido más de 6.000 denuncias y realizado más de dos mil acciones de vigilancia para el respeto a los derechos humanos.
Este es un informe muy sesgado políticamente, un informe que utiliza los derechos humanos para destruir los derechos humanos e instituciones, dijo Ruiz. «Esas personas no fueron capaces de preguntar a la Defensoría del Pueblo sobre esos casos. Se basaron nada más en informaciones que les daban otras personas sin verificarlo, ni siquiera con otras instituciones».
