Rodríguez obvia denuncias de DDHH y promete reparar a «víctimas de violencia política»
Delcy Rodríguez afirmó que “el Estado venezolano no descansará hasta que cada víctima de la violencia política reciba justicia y reparación integral». Según dijo, no permitirá que el odio y la violencia política queden en el olvido ni en la impunidad
Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, encabezó este lunes un acto en el Palacio de Miraflores con un grupo de ciudadanos presentados como «víctimas de la violencia política».
Durante el evento, Rodríguez utilizó el espacio para señalar a la dirigencia opositora y al sector privado, afirmando que el país ha enfrentado un «odio» promovido por grupos que, según su declaración, buscaron salidas no democráticas.
En su intervención, sostuvo que la dirigencia adversa al Ejecutivo sustituyó la política por la confrontación armada: «Ha sido tal el odio de una clase económica y política de este país, que llevó a pedir intervención extranjera. Lo que no se pudo resolver en la política nacional lo pidieron con misiles, bombas», dijo.
Rodríguez también se definió como «víctima del puntofijismo» y recordó las protestas de 2014 y 2017. Aseguró que en esos años «murieron funcionarios de seguridad del Estado combatiendo justamente las manifestaciones violentas»; sin embargo, omitió los casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidos por dichos funcionarios contra manifestantes, los cuales han sido documentados y denunciados por la ONU.
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Asimismo, aseveró que le ha tocado sentarse «cara a cara con los verdugos de mi padre» y con los «verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero», afirmando que lo ha hecho «por Venezuela». Según la funcionaria, el Estado no descansará hasta que cada víctima reciba «justicia y reparación integral», calificando estos testimonios como la «verdad sagrada» de la nación.
«El mayor triunfo de la revolución es haber preservado la paz frente a la agresión. Su valentía es el motor para seguir construyendo una patria libre de violencia fascista», mencionó Rodríguez, tras asegurar que no permitirá que el odio quede en la impunidad.
Por su parte, Jorge Arreaza respaldó el discurso afirmando que el Estado busca visibilizar a quienes han sufrido por la «intolerancia» opositora. En el encuentro, una familiar de las víctimas presentadas por el gobierno aseguró que sus parientes fueron blanco de agresiones debido a su filiación política con el oficialismo.
No obstante, Rodríguez obvió que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado que el aparato de seguridad estatal ha sido el principal ejecutor de la violencia política en el país. Informes del organismo detallan que el SEBIN y la DGCIM han aplicado métodos de tortura —incluyendo descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual— para extraer confesiones o castigar a la disidencia.
La Misión ha concluido que existe una «maquinaria de represión» diseñada desde las más altas esferas del poder para silenciar a opositores, lo que constituye crímenes de lesa humanidad que actualmente investiga la Corte Penal Internacional (CPI).
El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
