Venezuela paga parte de su deuda con Crystallex para salvar a Citgo
Si Venezuela incumple su plan de pagos en cuotas, la trasnacional canadiense podría retomar su acción legal para embargar la refinería
Documentos judiciales de Canadá, a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters, revelaron que el Gobierno venezolano logró evitar el embargo de la unidad de refinación de Citgo en Estados Unidos, luego de que cancelara en «valores líquidos» a la empresa trasnacional canadiense Crystallex por el orden de 425 millones de dólares.
Crystallex había ganado una demanda contra Pdvsa por una nacionalización en el 2008 de sus operaciones de oro en Venezuela, que según los cálculos, ascendía a 1.200 millones de dólares, pero con los intereses, la misma se incrementó a 1.400 millones de dólares.
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De acuerdo a los documentos, Venezuela se comprometió a pagar lo que falta por cuotas hasta principios de 2021. Sin embargo, si para el 10 de enero para los pagos considerados colaterales, la trasnacional puede iniciar de nuevo los trámites legales.
Un juez estadounidense en Delaware iba a escuchar el 20 de diciembre los argumentos para subastar a Citgo, que opera tres refinerías en Estados Unidos y que son consideradas como un destino clave de las exportaciones de crudo de Venezuela, y ha sido valuada en miles de millones de dólares.
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En agosto de 2018, un juez estadounidense permitió formalmente a la minera canadiense Crystallex para proceder al embargo de los activos de Citgo, empresa propiedad de Pdvsa y la rusa Rosneft, a fin de cumplir con sus reclamos por una nacionalización en el 2008 de sus operaciones de oro en Venezuela.
El juez federal de distrito de Wilmington, Delawere, Leonard Stark, otorgó una orden de confiscación a Crystallex International Corp en acciones de Citgo, que tiene tres refinerías en EEUU, que están ubicadas en los estados de Luisiana, Texas e Illinois, así como otros activos con un valor estimado de 8.000 millones de dólares.
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De acuerdo a la agencia AP, el entonces presidente Hugo Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales en 2009, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.
A comienzos de 2009, este anunció la toma por parte de las operaciones de firmas canadienses en el estado Bolívar, región con uno de los yacimientos de oro más grandes del continente.
