Registro FARA en EEUU revela que Delcy Rodríguez prepara candidatura presidencial
Un abogado californiano se registró ante el Departamento de Justicia de EEUU como agente extranjero de la encargada del Ejecutivo venezolano, con mandato expreso de apoyar su candidatura presidencial y gestionar el levantamiento de sanciones. El acuerdo, fechado el 11 de abril, es hasta ahora verbal, según queda asentado en el registro
Un documento registrado el 14 de abril de 2026 ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que Delcy Rodríguez ya tiene en marcha una operación de cabildeo en Washington orientada, entre otros objetivos, a respaldar su candidatura en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. Así queda asentado en el expediente número 7715 del sistema FARA (Foreign Agents Registration Act), donde el abogado californiano Jihad M. Smaili se registró formalmente como agente extranjero de Rodríguez.
El documento identifica a Rodríguez como «gobernante encargada» de Venezuela con residencia en el Palacio de Miraflores, y fija como uno de sus objetivos expresos apoyar su «campaña política» para la próxima elección presidencial venezolana. Además, establece que Smaili asesorará a Rodríguez en asuntos relacionados con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, con el propósito declarado de «fortalecer y avanzar la relación actual en beneficio del pueblo venezolano», y trabajará en «la eliminación de las sanciones» que aún pesan sobre entidades e individuos venezolanos.
Eso convierte a Smaili no solo en abogado litigante, sino en un operador político y de lobbying para el Ejecutivo venezolano ante el gobierno de EEUU.
Según el expediente, la representación de Smaili también contempla litigios pendientes y futuros vinculados a disputas de Pdvsa/Citgo y a reclamaciones de acreedores relacionados con las FARC.
Smaili no era un desconocido para el círculo de la gobernante encargada. En enero de 2026, el abogado apareció públicamente como representante de Yussef Nassif —pareja sentimental de larga data de Rodríguez— cuando la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) investigaba posibles negocios irregulares entre funcionarios venezolanos y allegados al entorno de Rodríguez, publicó entonces Northwest Arkansas Democrat-Gazette. En ese momento, Smaili emitió un comunicado negando cualquier actividad ilícita de su cliente.
El 1 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó las sanciones individuales contra Rodríguez, quien había sido incluida en la lista SDN el 25 de septiembre de 2018 por ser parte del círculo interno de Nicolás Maduro. La gobernante encargada celebró la decisión con una publicación en la que instó a que se levantaran las sanciones adicionales vigentes contra entidades venezolanas, calificando la medida como «un paso significativo en la dirección correcta para normalizar y fortalecer las relaciones entre nuestros países».
El día siguiente al levantamiento de sus sanciones personales, el 13 de abril, Rodríguez pidió públicamente la eliminación de las restricciones restantes. Un día después, Smaili se registraba como su agente ante el Departamento de Justicia.
El 14 de abril, la administración Trump también alivió sanciones sobre el sistema financiero estatal venezolano, permitiendo que los bancos del Estado puedan operar en dólares y reintegrarse al sistema financiero global controlado por EEUU.
La Foreign Agents Registration Act es una ley federal estadounidense de 1938 que obliga a quienes representen intereses de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras a registrarse ante el Departamento de Justicia y a divulgar públicamente sus actividades, ingresos y gastos relacionados. La ley no prohíbe el cabildeo en favor de intereses foráneos, pero exige transparencia sobre la influencia extranjera en la política y la opinión pública de EEUU.
El propio documento reconoce que el acuerdo suscrito el 11 de abril de 2026 es de carácter oral, con formalización escrita aún pendiente. Ello resulta inusual desde el punto de vista del cumplimiento normativo bajo FARA, aunque la ley no lo prohíbe expresamente.
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