Red Sindical plantea cambios «urgentes» en política salarial y eliminar Plataforma Patria
La oenegé condenó la criminalización de la actividad sindical y exigió la libertad de todos las personas encarceladas por defender los derechos de los trabajadores
La Red Sindical Venezolana solicitó la «corrección urgente» de la política salarial basada en bonificaciones y la eliminación de la Plataforma Patria «como método de control y restricción sobre el ingreso de los trabajadores».
La organización emitió un comunicado este 22 de enero en el que se pronunció por la libertad de todos los sindicalistas detenidos, la restitución plena de los derechos laborales y el fortalecimiento del sistema de seguridad social para pensionados y jubilados.
Explicó que dada la «grave situación económica, social y jurídica» que afecta a los diferentes sectores del país es urgente tomar algunas medidas en beneficio de la ciudadanía.
La oenegé condenó la criminalización de la actividad sindical y exigió la libertad de todos las personas encarceladas por defender los derechos de los trabajadores.
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De igual manera, la Red Sindical planteó la restitución plena de los derechos laborales, el restablecimiento de la libertad sindical, la negociación colectiva y la estabilidad laboral. En este sentido, solicitó «la eliminación de la Plataforma Patria como método de control y restricción sobre el ingreso de los trabajadores».
La Red Sindical pidió con urgencia «corregir la política salarial vigente» al tiempo que cuestionó que el ingreso de los trabajadores está basado en bonificaciones, sin incidencia en prestaciones, vacaciones, utilidades ni seguridad social.
La propuesta de la organización contempla que el cestaticket, el bono de guerra económica y otros bonos sectoriales pasen a formar parte del salario base, revisión salarial cada cuatro meses, y el establecimiento de un sistema de seguridad social digno para jubilados y pensionados.
El pasado 15 de enero, Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo nacional anunció la creación de dos fondos que se manejarán con los recursos que entren al país producto de la venta del petróleo venezolano para «mejorar» el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad.
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