Razones para el ingreso de Uruguay a la OCDE, por Marino J. González R.
Termina la segunda década del siglo XXI con la sensación de que el desarrollo es una meta lejana para los países de América Latina. Como si la posibilidad de alcanzar los más altos niveles de democracia y bienestar, estuviera cada día más distante. Los acontecimientos de las últimas semanas han colocado una gran interrogante, incluso en países en los cuales se pensaba que los avances eran notables y sostenibles. A pesar de esas primeras impresiones, existen experiencias que demuestran que es factible lograr la adecuada coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
El primer paso en esa dirección es definir una referencia para el diseño y ejecución de políticas. Esta es la importancia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Luego de la II Guerra Mundial, los países de Europa promovieron una instancia de cooperación ante los exigentes retos de la reconstrucción. Así se constituyó en 1948 la Organización Europea para la Cooperación Económica, la cual evolucionó en 1960 para la creación de la OCDE con una perspectiva internacional. Tres objetivos constituyen la base de la acción de la OCDE: alcanzar el mayor nivel de crecimiento económico sostenible, empleo y estándares de vida en los países miembros promoviendo el desarrollo de la economía mundial, contribuir a la expansión económica de los países miembros y no-miembros, y contribuir a la expansión del comercio internacional de manera multilateral y sin discriminación.
Lea también: Retomar la iniciativa política, por Luis Manuel Esculpi
Actualmente la OCDE está compuesta por 36 países. El ingreso a este grupo se realiza a partir del cumplimiento de indicadores previamente establecidos y compatibles con los objetivos señalados. Los países miembros tienen acceso a las posibilidades de cooperación de la alianza, expresadas fundamentalmente en compartir conocimientos y prácticas para el mejoramiento de las políticas públicas. El centro de investigaciones de la OCDE es una referencia internacional de primera línea en estos aspectos. Las actividades de la OCDE facilitan a gobiernos, organizaciones sociales, medios de comunicación, centros de investigación, el acervo de experiencias para contribuir con las mejores prácticas en el diseño e implementación de políticas públicas a escala global.
Solo dos países de América Latina pertenecen en la actualidad a la OCDE: México desde 1994 y Chile desde 2010. Dos países más (Colombia y Costa Rica) se encuentran en el proceso de admisión. El examen de la situación actual en América Latina también pone de relieve los avances de Uruguay, de forma compatible con los requerimientos de ingreso.
Desde la perspectiva institucional, específicamente en lo relacionado con el Estado de Derecho, el desempeño de Uruguay (tomando como referencia los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial), es superior al que presentan siete países miembros de la OCDE. También es superior al de los cuatro países de América Latina ya señalados. En lo que respecta a la capacidad de creación de valor, Uruguay tiene un índice de complejidad económica que supera a cinco países de la OCDE, incluyendo Australia y Nueva Zelanda. La complejidad económica de Uruguay es superior a la de Chile y Colombia, y similar a la de Costa Rica. En cuanto a la capacidad de compra internacional, medida en dólares PPP, Uruguay solo es superado por Chile, en el grupo de los países de América Latina, que a su vez se encuentran en los últimos lugares entre los países de la OCDE.
Aunque los indicadores señalados son apenas una referencia de los que deben ser cumplidos para aceptar el ingreso en la OCDE, constituyen evidencias de que el desempeño de Uruguay es compatible con las exigencias del desarrollo sostenible global. Se podría agregar, en lo que respecta a la política social, que Uruguay tiene el porcentaje de población en pobreza extrema más bajo de la región y es uno de los países con más bajo gasto de bolsillo, en niveles comparables con el promedio de los países de menor gasto de bolsillo en el mundo.
El ingreso de Uruguay a la OCDE corroboraría que el desarrollo de la institucionalidad política y de derechos humanos es posible de manera exitosa en América Latina, así como la calidad de políticas públicas sistemáticas y sostenidas.
Además, serviría de referencia a otros países de la región con posibilidades de emular estos logros. Ojalá el nuevo gobierno que se instalará el 1 de marzo del próximo año, proceda a solicitar el ingreso de Uruguay a la OCDE. Las repercusiones de esa decisión serán de gran utilidad en la región.
