Radio arrebatón, por Teodoro Petkoff
Este asunto de las emisoras bajo amenaza de ser asaltadas por el minpopopa’todo Diosdado Cabello, es estrictamente político. Más allá de los alegatos del minpopopa’todo, que eventualmente pudieran tener algún basamento legal, es evidente que el arrebatón que se pretende hacer de la bicoca de 240 emisoras de radio es un tranco de siete leguas en el camino de alcanzar la hegemonía comunicacional, propósito anunciado meses atrás por el Hiperlíder, y aupado con fervor, paradójicamente, por el director de un medio escrito, Díaz Rangel. Esta hegemonía tiene dos vertientes. Por un lado, crear, como se viene haciendo, un gigantesco aparato mediático, formalmente estatal, pero en verdad prácticamente propiedad privada de Chávez. Este aparato posee ya seis plantas de televisión de cobertura nacional en señal abierta (VTV, VIVE TV, ANTV, Ávila TV, Telesur y TVes), dos cadenas radiales de cobertura nacional (RNV y YVKE), amén de decenas de emisoras AM y FM en «manos amigas» y más de 250 emisoras comunitarias, casi todas manejadas por activistas del régimen. Súmese a esto el diario VEA y una setentena de medios impresos, la mayor parte crasamente obscenos, amén de la anunciada aparición de otro diario, El Correo del Orinoco –nombre histórico que debería estar al abrigo de su manipulación partidista y sectaria–, y se tendrá un cuadro parcial del inmenso «latifundio mediático» (definición debida al «ingenio» del minpopopa’todo) que ha creado el chavismo. Parte no menos importante de esta enorme masa mediática la constituye la utilización abusiva, grosera y sin paralelo en el mundo, del sistema radioeléctrico privado (además del público) para las cadenas del Hiperlíder.
Esta es una vertiente. La otra, es la del silenciamiento progresivo de los medios privados, sobre todo si mantienen líneas editoriales críticas u opositoras. En este desarrollo hemos asistido, primero, a la cooptación y cambio de línea de Venevisión, mediante el acuerdo Chávez-Cisneros, luego al cierre de la señal abierta de RCTV y literal robo de varias de sus instalaciones, y ahora a las presiones brutales que se ejercen sobre Globovisión, con la amenaza permanente de cerrar esta planta.
Dentro de este marco hay que inscribir los anuncios sobre las 240 emisoras de radio sujetas a cierre y a traslado de la frecuencia a compañeritos de partido. Se trata, en definitiva, de un asalto frontal contra la libertad de expresión, que va acompañado de la Ley Luisa Ortega, sobre «delitos mediáticos», y de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, con el ominoso propósito de coartar, restringir y reducir la libre expresión del pensamiento.
Decirnos, después de diez años de gobierno, que hay emisoras de radio que no han cumplido con las exigencias legales y reglamentarias a las cuales están obligadas, es un argumento engañoso. ¿Qué hacía, entonces, Conatel durante todos estos años? Si tuviere algún viso de verosimilitud el discurso del minpopopa’todo, la responsabilidad exclusiva de ello recae sobre un Conatel que se ha comportado de modo negligente e irresponsable. A este caballo se le ven claritas las patas.
