Qué se juega el voto latino en la batalla de Louisiana ante la Corte Suprema de EEUU
La Corte Suprema de Estados Unidos evalúa un caso en Louisiana que podría redefinir la protección al voto de las minorías raciales. El fallo no solo afectaría a los votantes negros, sino también al peso político del electorado latino en todo el país
La Corte Suprema de Estados Unidos analiza un caso que podría redefinir el alcance de la Ley de Derecho al Voto, una norma clave aprobada en 1965 para proteger a las minorías raciales en las urnas. El expediente proviene de Louisiana, donde la legislatura estatal y abogados vinculados a la administración de Donald Trump buscan eliminar un distrito congresional de mayoría negra, pero su impacto se extiende mucho más allá: el resultado afectará también al voto latino y al modo en que el país decide quiénes lo representan.
El caso comenzó cuando un tribunal federal determinó que el mapa electoral de 2022, que incluía solo un distrito mayoritariamente afroamericano en un estado donde casi un tercio de la población es negra, violaba la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. Esa cláusula prohíbe las prácticas que restrinjan o diluyan el voto por razones de raza o pertenencia a minorías lingüísticas.
El fallo obligó a los legisladores a trazar un segundo distrito de mayoría negra, pero un grupo de votantes blancos denunció que el nuevo mapa se basaba “excesivamente en la raza”, y los tribunales les dieron la razón. Ahora el máximo tribunal debe decidir si la raza puede seguir siendo un criterio legítimo en la redistribución de distritos.
Durante la audiencia de este miércoles, los seis magistrados conservadores de la Corte parecieron inclinarse por invalidar el distrito cuestionado, un movimiento que marcaría un cambio drástico en el modo en que se aplica la ley. El presidente del tribunal, John Roberts, expresó dudas sobre mantener la raza como factor para corregir desigualdades históricas, retomando una postura que ha sostenido durante años. “Nuestro país ha cambiado”, escribió en 2013, cuando la Corte ya había eliminado otro pilar de la ley: la revisión federal previa a los cambios electorales en los estados con antecedentes de discriminación.
Si la mayoría conservadora avanza en esa dirección, los efectos irán mucho más allá de Louisiana. La Sección 2 ha sido la herramienta que permitió crear distritos donde las comunidades minoritarias pudieran elegir representantes de su preferencia, lo que amplió la presencia de afroamericanos y latinos en el Congreso. Su debilitamiento permitiría a las legislaturas estatales —especialmente en el sur del país— redibujar los mapas sin tomar en cuenta el impacto racial, facilitando así la manipulación partidista.
Para los votantes latinos, el precedente sería crucial. En las elecciones de 2024, había más de 36 millones de hispanos habilitados para votar, el 19,5% de la población estadounidense, según el Pew Research Center. Son el grupo minoritario más numeroso y, en estados como Arizona, Georgia, Nevada o Wisconsin, su voto puede definir quién controla el Congreso o la Casa Blanca. Si los tribunales limitan la capacidad de las comunidades latinas de concentrarse en distritos donde tengan peso decisivo, su influencia política podría reducirse durante la próxima década.
El representante demócrata Cleo Fields, uno de los dos congresistas negros elegidos el año pasado gracias a los nuevos distritos en Alabama y Louisiana, advirtió que sin la Ley de Derecho al Voto “nunca ganaríamos elecciones al Congreso”. Su experiencia ilustra cómo el diseño de los distritos puede determinar la representación de comunidades enteras. Pero el caso no solo enfrenta visiones distintas sobre la igualdad racial: también revela el rumbo de una Corte Suprema que, desde hace años, recorta los instrumentos federales para supervisar la equidad electoral.
En 2019, el tribunal ya había decidido que los tribunales federales no pueden intervenir en los casos de manipulación política de distritos, conocidos como gerrymandering, al considerar que se trata de asuntos partidistas. Y ahora, con un enfoque más restrictivo hacia los criterios raciales, los estados quedarían prácticamente libres para redibujar sus mapas según sus intereses.
El fallo sobre Louisiana se espera para mediados de 2026, pero la discusión ya está moldeando la estrategia de varios estados. Trump ha instado a Texas y a otros territorios controlados por republicanos a modificar sus líneas distritales para asegurar mayorías legislativas duraderas.
Al mismo tiempo, informes del Brennan Center for Justice, de la Universidad de Nueva York, advierten que la administración Trump impulsa medidas que pueden socavar las garantías electorales: nuevas exigencias de documentos de ciudadanía para registrarse, revisión de máquinas de votación y acceso federal a bases de datos de electores.
En conjunto, estos movimientos configuran un escenario en el que los derechos al voto conquistados durante la era de los derechos civiles vuelven a estar en cuestión. Lo que se decide en Louisiana no es solo la forma de un mapa, sino el principio de que la diversidad demográfica del país —en especial la de afroamericanos y latinos— siga teniendo voz real en la representación política de Estados Unidos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
