Prueba de fuego, por Teodoro Petkoff
¿Qué habría sido preferible, el regreso de un Chávez en su tónica de siempre, agresiva e intolerante, o el de este Chávez conciliador y arrepentido? Debemos confesar que no entendemos a aquellos cuya primera reacción ante su rueda de prensa de ayer es la de vocear su incredulidad y negarse a aceptar la posibilidad de un nuevo talante en el Presidente. «A este hombre no se le puede creer». «Eso es pura hipocresía». Admitamos que Chávez es impredecible y que más de una vez ha hecho el juego de dar un paso atrás para luego volver con nuevos bríos al ataque, pero, preguntemos de nuevo: ¿habría sido mejor para el país un Chávez anunciando venganza, acusando a diestra y siniestra, mandando a la cárcel a medio mundo? Venezuela está urgida de paz y reconciliación y si el primer actor político del país, que es el Presidente, viene en ese plan sería un verdadero disparate no salir al encuentro de esa disposición, aun manteniendo justificadas reservas sobre su sinceridad y sobre la perdurabilidad en el tiempo de este ánimo mostrado ayer. En fin de cuentas, el picado de culebra de un bejuco se asusta.
Pero, obras son amores. La magnanimidad (sí, esa es la palabra, dejémonos de pendejadas porque todos los que hemos participado en levantamientos e insurrecciones sabemos que el perdedor paga) con que se ha actuado frente a quienes intentaron derrocar al Gobierno; el reconocimiento del error cometido en Pdvsa y la disposición de designar una nueva directiva en concertación con los interesados, son señales que deben ser tomadas en cuenta. Pero hay muchos otros campos donde son necesarias rectificaciones. Las famosas leyes de la Habilitante, por ejemplo. El lento y casi paralizado proceso de su revisión en la Asamblea Nacional, debe recibir un impulso decisivo para terminar de poner los puntos sobre las íes. Gobierno y oposición deben concertar esfuerzos en ese ámbito para salir de eso cuanto antes.
Pero hay un asunto en el cual la voluntad rectificatoria del Gobierno debe ser puesta a prueba. Es en la investigación de la masacre del 11A. Hemos propuesto la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer lo que allí ocurrió (léase página 9). Una comisión independiente, que incluso podría contar con la colaboración de expertos latinoamericanos que han trabajado en comisiones de esa índole en otros países de la región. No hay que permitir que todo termine en una guerra de acusaciones y contraacusaciones, que al final lanzará todo al olvido, enterrado por el próximo escándalo, dejando sembrada una peligrosa semilla de polémica eterna y venganza. Lo que pasó es demasiado grave y establecer responsabilidades es fundamental para hacer justicia, impedir retaliaciones salvajes y cerrar ese capítulo. Para el Gobierno sería una prueba de fuego. Si se establecieran responsabilidades de gente suya en los crímenes cometidos, su enjuiciamiento, sea quien sea, será una piedra de toque para calibrar la disposición a un verdadero reencuentro con el país que lo adversa. Por supuesto que cabe decir lo mismo respecto de otros posibles actores no gubernamentales en esos aciagos sucesos. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Pero, por ahora, el balón está en la cancha del Gobierno. La liberación de dos personas plenamente identificadas en los videos, disparando, es muy mal signo. Con la vara que mida el Gobierno será medido.
