Provea: Gobierno creó la base legal para que grupos sociales repriman a la disidencia
El activista Marino Alvarado dijo que el Estado configuró un andamiaje, desde 2013, para promover el enfrentamiento pueblo contra pueblo y reforzar la tesis del enemigo interno
El Programa de Educación – Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea), denunció que el gobierno ha configurado el andamiaje legal para que grupos sociales actúen junto los poderes del Estado en el control de las amenazas a la seguridad interna y repriman a la disidencia. Marino Alvarado, directivo de la Organización No Gubernamental (ONG), enfatizó que esa estructura cobra vigencia dado los recientes videos y denuncias sobre la actuación de colectivos armados contra quienes protestan por el colapso de los servicios públicos y piden la salida de Nicolás Maduro.
“Muestra del basamento legal que ha creado es el decreto 1.471, que conformó el Sistema Popular de Protección para la Paz. Este viola el artículo 332 de la Constitución al trasladar responsabilidades de seguridad ciudadana que corresponden a los organismos de seguridad civil, a ciudadanos y ciudadanas, tanto a título individual como mediante organizaciones sociales. Con esto se crearon las bases jurídicas para promover el enfrentamiento pueblo contra pueblo. Es parte de un andamiaje jurídico que se viene desarrollando, desde 2013, y está orientado a cooptar e instrumentalizar expresiones organizadas del pueblo para asignarles labor de represión contra un enemigo interno”, explicó Alvarado.
Asimismo, el activista de derechos humanos recordó que parte de las estructuras creadas para la represión se encuentran en figuras como los “patriotas cooperantes”, los “cuerpos de combatientes”, las “unidades de batalla Hugo Chávez” y los “comandos populares antigolpe”.
Indicó que el artículo del decreto 1.471 otorga la base legal para movilizar a un sector de la población con apoyo del Estado, con el objetivo de para enfrentar a otro sector que pudiera ser calificado como grupo que pretende violentar la paz. De esta manera, señala Alvarado, se da el sustento para organizar y aplicar la represión de Estado, «no usando a funcionarios sino a personas y organizaciones de la sociedad civil».
Añade que otra medida del gobierno de Maduro para trasladar a las organizaciones sociales el control de las amenazas a la seguridad interna fue la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que fue formalizada en la Gaceta Oficial número 6.156 del 19 de noviembre de 2014.
En la reforma se introdujo un solo artículo, el 59, según el cual se concedió al Estado la potestad para crear un sistema de protección para la paz, para integrar a todos los poderes públicos, con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal. De acuerdo con su enunciado, el objetivo es “promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la nación».
El vocero de Provea señaló que la referida norma concedió sustento legal al Sistema de Protección para la Paz e impulsó la política gubernamental de incorporar a los ciudadanos a titulo individual o a través de las organizaciones sociales a realizar labores de seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, permite adaptar la estructura del Estado para enfrentar hechos que, de forma discrecional, pueden ser catalogados como subversión o conspiración.
Alvarado considera peligroso que el gobierno de Maduro descargue cada vez mayores responsabilidades a la población en materia de seguridad e insista en asignarle responsabilidades frente a amenazas internas.
