Procurador de Guaidó: «Los recursos de Citgo son necesarios para su día a día»
Hernández, designado por Guaidó como procurador, explicó que sacar a Venezuela de la crisis solo será posible con la ayuda financiera del exterior
José Ignacio Hernández, que fue designado como procurador especial por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, alertó la noche del 9 de abril que Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, es una empresa que está «severamente afectada» por el endeudamiento «irresponsable» realizado por la administración de Nicolás Maduro.
En entrevista con TV Venezuela, Hernández explicó que dicho endeudamiento se recrudeció cuando se pusieron en venta las acciones de Citgo con los bonos 2020 y con la entrega de otro lote a la estatal rusa Rosneft, ambas acciones denunciadas, una ante un tribunal en Nueva York y la otra por la declaración nula de la Asamblea Nacional al respecto.
«Citgo tiene una situación financiera comprometida. Los recursos de Citgo son necesarios para su día a día sin poder pagar dividendos».
Respecto a las demás filiales recuperadas por el Parlamento, expresó que no se pueden dar cifras de dónde está el dinero que van generando poco a poco porque «un país con una deuda de 150 mil millones de dólares no puede decir dónde esta el dinero porque traerá acreedores por razones equivocadas», al tiempo que denunció que estas personas han querido dar información errónea para luego embargar las empresas.
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A pesar de eso, afirmó el procurador que según el «estatuto de transición» se han logrado tres objetivos fundamentales como proteger los activos que estaban en manos del gobierno venezolano; los que estaban en poder de Nicolás Maduro y de los acreedores. Indicó que la idea es evitar que el actual Ejecutivo en el poder tome control de ellos «para financiar su cleptocracia y violación de DDHH».
Destacó que con la deuda pública que tiene Venezuela de 150 mil millones de dólares, «hay más de uno que está dispuesto a tomar control de esos activos» y explicó que ha estado trabajando para que se articulen mecanismos que permitan la protección de esos activos y que el dinero dispuesto para la ayuda humanitaria sea prioridad antes que pagarle a los acreedores, con previa autorización de la Asamblea Nacional.
Comentó que se ha hablado de «manera confusa» sobre el dinero que el gobierno encargado que preside Guaidó y que pudiera usarse en la emergencia humanitaria que vive el país, ya que afirma que los acreedores están usando «cifras ficticias» y no se habla del riesgo para los activos de Venezuela.
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Respecto al plan José María Vargas propuesto por el Poder Legislativo, que es para asumir una estrategia de salud en el marco de la crisis humanitaria acentuada por el covid-19, el procurador José Ignacio Hernández señaló que esos 1.200 millones de dólares que se requieren tienen que venir necesariamente de la ayuda o financiamiento de países y organismos multilaterales porque «la crisis de Venezuela no se soluciona con activos del extranjero ni con los ingresos petroleros», pero para acceder al mismo es imperiosa la salida de Maduro del poder.
En ese sentido, dijo que en Venezuela hay un «Estado fallido y frágil», por lo que indicó que actualmente no existen capacidades para cumplir funciones económicas.
Teme que pasen al menos 10 años para la recuperación del Estado venezolano y puntualizó que el reto es reconstruir el país mientras atiende una emergencia, lo que trae «un programa nunca antes visto».
