Primero Justicia reclama rendición de cuentas sobre el fondo de litigios
Desde Primero Justicia consideran que esto «se parecen más a un presupuesto no sometido a controles, y no a un fondo especial de litigios en sentido estricto»
El partido Primero Justicia (PJ) hizo pública la justificación de su voto salvado durante la aprobación del aumento del fondo especial de litigios, una solicitud hecha por el mandatario encargado Juan Guaidó para atender las demandas que enfrenta el Estado en el extranjero.
*Lea también: Guaidó encontró resistencia en la AN para aprobar fondo de litigios en el exterior
En esa justificación, que difundió el diputado Alfonso Marquina, la organización política destacó que el incumplimiento en los mecanismos de control parlamentario que se impusieron luego de la aprobación del primer fondo, son las que motivaron a rechazar esta nueva acción.
Ayer salvé el voto en nombre de la fracción parlamentaria de @Pr1meroJusticia en la aprobación del Fondo Especial de Litigios, aquí hago públicas nuestras razones. #29ene pic.twitter.com/b8blHOQI8O
— Alfonso Marquina (@DipMarquina) January 30, 2020
«Aún no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de los recursos públicos», expuso PJ, debido a que no existe la figura de un contralor especial (en base al Estatuto de Transición) y tampoco se procedió al nombramiento de los integrantes de la Comisión Técnica, que debían velar por la correcta ejecución de los primeros tres millones 500 mil dólares que aprobó la Asamblea Nacional en noviembre de 2019.
Desde Primero Justicia consideran que esto «se parecen más a un presupuesto no sometido a controles, y no a un fondo especial de litigios en sentido estricto», y tampoco se conoce cuáles son las estrategias judiciales y extrajudiciales de defensa de los activos del país en el exterior.
A pesar de ello, los diputados aseguraron estar conscientes de que la utilización de estos recursos públicos son necesarios para la defensa de los intereses de los venezolanos.
La polémica con el fondo de litigios llevó al procurador especial de la República, José Ignacio Hernández, a poner su cargo a la orden y no ejecutar ningún pago basado en el acuerdo recién aprobado hasta tanto no exista consenso político.
Hernández advirtió que el acuerdo político es necesario porque la ausencia del mismo podría comprometer su responsabilidad jurídica y la de los miembros que conforman las juntas ad-hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Banco Central de Venezuela (BCV).
