Prensa libre en la mira, por Simón Boccanegra
La pasada fue una semana negra para la libertad de expresión en Venezuela. Comenzó con unos bombazos contra las sede de Últimas Noticias. No era necesario que los terroristas dejaran su firma. El modus operandi ya es clásico y los identifica plenamente. No por casualidad la sospecha generalizada apunta hacia gente del gobierno. Luego vino el exabrupto judicial de sentenciar a más de tres años de prisión, con pérdida de derechos políticos y prohibición de ejercer la profesión al periodista carabobeño Pancho Pérez. ¿Delito? Denuncia del nepotismo practicado por el alcalde de Valencia, quien demandó por «difamación e injuria» y, naturalmente, encontró el sicario judicial que lo complació. ¿El juez investigó si lo escrito por Pancho Pérez era cierto? Claro que no. En todo caso, el gobernador de Carabobo confirma que familiares del alcalde si trabajaban en la alcaldía, aunque aparentemente los sacaron después de la denuncia de Pancho, para borrar el cuerpo del delito. El fotógrafo Junior Lugo es amenazado con juicio por haber tomado fotos de los sacos de comida podrida encontrados en Falcón. En Barinas se ordena investigar a los periodistas Walter Obregón y Tarquino González exactamente por la misma razón: haber sacado a la luz la pérdida por descomposición de 40 mil kilos de carne. La semana cerró con la orden de captura para Guillermo Zuloaga y su hijo, después que Atila lo ordenó por televisión.
Por supuesto que la acusación sobre los autos «acaparados» no es sino un pretexto. La única razón por la cual se ordena la detención de Zuloaga es Globovisión. Es la enésima tentativa de acobardar a sus responsables y callar al canal. Todos los casos reseñados hablan de una política. El régimen apunta a generar más miedo, a reforzar la autocensura. La información sobre Pudreval lo sacó de quicio. Tal vez Atila está recordando que Fidel le dijo una vez que con prensa libre no iba a poder avanzar en su proyecto.
