Política de página roja, por Teodoro Petkoff
Hasta el 11 de abril en este país nadie había pagado con la vida su posición política. Ese día, cerca de veinte compatriotas murieron y más de un centenar fueron heridos de bala. No ha habido manera de adelantar una investigación independiente de esos crímenes, pero hasta ahora, la Fiscalía ha identificado y acusado a ocho personas vinculadas a grupos gubernamentales, de haber disparado. Desde aquel día terrible la violencia física va in crescendo. Cinco personas, señaladas como dirigentes campesinos pertenecientes al MVR, han sido asesinadas en el sur del Lago de Maracaibo -zona socialmente conflictiva si las hay-, en típicas acciones de sicariato. Esto no es nuevo en esa región, donde la ley del revólver impera de modo casi absolutamente impune. Pero ahora los crímenes tienen una obvia connotación política. El sábado pasado un auto y varios periodistas y camarógrafos de Globovisión fueron brutalmente atacados en Puente Llaguno, por ese grupo de facinerosos que allí opera y para el cual, por lo visto, no existe «zona de seguridad». Al contrario, pareciera que ellos forman parte de la custodia de Miraflores. El viernes, Salas Römer fue golpeado en la Plaza Bolívar por un sujeto de los que por allí merodean. Uno de los vendedores de publicidad de este diario fue herido con una navaja, por dos personas, en plena avenida Urdaneta, cuando le vieron una carpeta con el logo de TalCual. La violencia pura y dura, fuera de todo control, se está enseñoreando sobre el país. Contra el telón de fondo de una polarización creciente y de un lenguaje cada vez más hiriente, se están produciendo actos de violencia que pudiéramos denominar «espontáneos». La responsabilidad del gobierno en el origen de esto es indiscutible. Siempre le advertimos que no jugara con candela porque en este país nadie tiene el monopolio del valor físico y tampoco el de la intemperancia. Pero, ya a estas alturas, y no podía ser de otra manera, se ha engranado un mecanismo demoníaco en el cual la agresión verbal y física constituye el modo «natural» como se relacionan gobierno y oposición. Esto hay que detenerlo antes de que la violencia termine de tragarnos.
Ahora bien, sin excluir la responsabilidad que debe asumir la oposición -porque también es asunto suyo, y no de manera marginal-, es obvio que toca al gobierno la acción principal para volver al cauce democrático y pacífico la controversia política. Es una cuestión de interés nacional, tanto para quien gobierna como para quienes aspiran a gobernar.
