Plebiscito en Chile: «Hay garantías de que la nueva Constitución no sea una revancha»
A propósito de celebrarse este 25 de octubre el plebiscito en el que Chile decidirá sobre el cambio de la Constitución, el periodista venezolano Javier Conde conversa con el experto en derecho constitucional Hugo Tórtora Aravena, quien reconoce en una entrevista para el diario uruguayo El Observador los avances que trajo el texto que, en su opinión, debe ser modificado
Javier Conde
Un año y una semana después del estallido social en Chile en octubre de 2019 —que de repente devolvió a ese país al conflictivo y áspero escenario latinoamericano—, los chilenos concurren este domingo a las urnas con la opción de quitarse quizás el último amarre del período pinochetista: la Carta Magna aprobada en agosto de 1980 y promulgada en octubre de aquel año. Un instrumento legal que no impidió, sin embargo, que este país sudamericano se exhibiera como un modelo de la ruta a seguir por estos predios, como argumentan los que se oponen al cambio constitucional.
Hugo Tórtora Aravena, abogado, master en derecho constitucional y doctor en derecho, profesor de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, aboga por el cambio pero es capaz, como se lee en la conversación que sigue, de reconocer avances en la Constitución del 80, producto de las reformas a las que ha sido sometida, y de advertir también las reglas de procedimiento que lleven a producir un nuevo texto constitucional “razonable, sobrio y democrático”.
Como lo hicieron antes otras naciones de la región, Chile puede adentrarse en un proceso constituyente –el “apruebo” parece tener un amplio respaldo, aunque no hay sondeos de la semana previa a las votaciones– cuyo final se produciría dentro de dos años
Los chilenos responderán dos preguntas en el plebiscito: si quieren cambiar la Constitución y cuál va ser el órgano para redactar el nuevo texto: una convención mixta entre miembros designados por el Congreso y una cantidad similar electa por el pueblo, o una convención constitucional con todos sus miembros electos por votación popular.
Si gana el «apruebo», en abril de 2021 se elegirán los miembros de una u otra convención, que se instalaría en junio y dispondría de nueve meses, prorrogables por tres más para redactar la nueva Constitución, la cual 60 días después sería votada en otro plebiscito.
«Será la ciudadanía la que va a decidir si está de acuerdo o no con el texto que se le ofrece», destaca Hugo Tórtora Aravena para marcar una diferencia sustancial con la Constitución vigente, que aunque fue varias veces reformada tiene un «origen espúreo».
¿Chile tiene que cambiar su Constitución?
– La Constitución chilena tiene un origen ilegítimo que nace en la dictadura militar de Augusto Pinochet, que además fue redactada por una comisión nombrada por la Junta Militar y se aprueba en un plebiscito ilegítimo. Y es ilegítimo ese plebiscito porque se desarrolla en un contexto donde no existía libertad de expresión, no había partidos políticos, ni un registro electoral. Pero no solo hay un problema de origen. Su contenido jamás ha sido validado por la ciudadanía. Tiene contenidos que impiden el ejercicio de una democracia plena y también la satisfacción de los derechos sociales de la población, lo que ha generado desigualdad e injusticia social en nuestra sociedad.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) se hizo, sin embargo, la mayor reforma de esa Constitución, que modificó 58 artículos, y Lagos dijo “hoy despierta la primavera», ¿no se legitimó entonces esa Constitución?
– Para que haya una nueva Constitución tiene que operar el poder constituyente, que reside en la ciudadanía. Lo que se hizo en el año 2005 fue una reforma muy importante pero que no fue producto del ejercicio del poder constituyente. Muchas normas de la Constitución de 1980 se mantuvieron. Y, además, dos cosas: una, la alegría de Lagos se explica porque a pesar de los amarres que había generado la Constitución del 80 —entre ellos la presencia de senadores designados por la dictadura que estaban presentes en el parlamento, un quórum de dos tercios de parlamentarios en ejercicio para poder realizar los cambios y un sistema binominal de elección, que significa que las fuerzas políticas quedaban empatadas en el Congreso a pesar de que había una diferencia importante—, a pesar de esos amarres, reitero, se conquista una reforma importante.
Se entiende en ese sentido todo el júbilo del expresidente Lagos y por eso estas declaraciones, digamos, tan generosas en cuanto a la profundidad del cambio. Lo segundo, es que suele decirse que esta es la Constitución de Lagos porque lleva efectivamente la firma de Ricardo Lagos, pero lo que lleva su firma es el texto coordinado y sistematizado de la Constitución. Y eso no es otra cosa que ordenar sus artículos, que estaban desordenados producto de las continuas reformas de la Constitución del 80. Lo único que hace el expresidente es emitir un texto donde la numeración es continua, donde no hay artículos derogados y ese texto final es el que lleva la firma del presidente Lagos, pero no es obra de su mandato.
¿De esa Constitución de 1980 vigente, hay algo que rescatar?
-La Constitución del 80, con todos sus defectos, introdujo algunos elementos que son interesantes. Por ejemplo, el establecimiento del recurso de protección, que equivale al recurso de amparo, lo que permite accionar ante los tribunales de justicia cuando ocurren vulneraciones de los derechos fundamentales. También es importante que establece que los derechos humanos son obligantes del Estado, lo cual curiosamente la propia dictadura no cumplió con ese mandato. Algunos derechos también se incorporaron por primera vez en la Constitución del 80, como por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación o incluso el derecho a la vida no estaba presente en las constituciones anteriores. De manera que hay algunas cosas que naturalmente tienen que mantenerse, no obstante que el cambio sea importante en el nuevo texto.
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